Mandos a medias

La ciudad se ha ido acostumbrando a esa jefatura compartida, a los cobros y los servicios que llegan un día con el membrete oficial y al siguiente con el sello inconfundible de “los muchachos”. Los patrones han ido aprendiendo un poco de las formas institucionales, los ciudadanos hemos incorporado dos códigos para la obediencia o la queja, y los gobiernos locales buscan siempre un difícil equilibrio: unas veces evitan a su competencia ilegal; otras, complementan sus oficios y en algunos casos no pueden más que enfrentar a sus mandos. En las calles ejerce el gobierno de la cámara de seguridad y el del parche de la esquina, el de los folletos de Jóvenes en Acción y la acción en los parches, el del aguardiente de la FLA y el guaro “estampillao” por la banda.

En el 2013 Don Berna explicaba los necesarios ajustes de las autodefensas para ejercer un mando más “tranquilo” en Medellín, para ajuiciar a los jóvenes desmovilizados y regular las dinámicas barriales, más complejas que los frentes paramilitares: “En esos barrios hay mucha pérdida de tejido social, mucho vicio. Necesitábamos un ente que regulara la situación. Por eso se crea la Oficina, porque no podíamos entrar con la rigidez de la autodefensa, se necesitaba un ente más laxo…”. Don Berna conservaba incluso algo del lenguaje insurgente de sus viejos tiempos en el Epl. El aprendizaje ha sido largo desde las épocas en que la Alcaldía de Medellín competía con algo de desventaja frente al “Medellín sin tugurios” del capo, los convites oficiales y las reuniones de Escobar se hacían a lado y lado del morro de basura en Moravia.

Un reciente estudio llamado “Gobierno criminal en Medellín”, liderado por el profesor Santiago Tobón en la Universidad Eafit, trae novedades y confirmaciones sobre ese control ilegal en la ciudad. Cerca de 350 combos dirigidos por al menos 15 bandas se ocupan de las rentas ilegales del microtráfico, la extorsión y el licor adulterado, al mismo tiempo que regulan comportamientos sociales e imponen soluciones entre vecinos. Sin olvidar que instauran monopolios de productos legales (arepas, huevos, carne, gas domiciliario) y toman una parte del control de mecanismos institucionales, como por ejemplo el Presupuesto Participativo, que suma el 5 % del presupuesto anual de inversión en la ciudad.

Medellín terminará el año con la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja en las últimas cuatro décadas. La reducción será cercana al 40 %, eso significa cerca de 220 homicidios menos que el año pasado. La caída en la tendencia creciente ya completa un año y medio; desde el 1° de junio de 2019 se vio un corte preciso que al parecer fue “sugerido” luego de una reunión de la “junta directiva” en La Picota. Se recuerda el “Pacto del Fusil” de 2013 entre facciones de la Oficina y los entonces llamados Urabeños. Los homicidios pueden ser un obstáculo para los controles y negocios criminales, una alerta para que las autoridades intenten retomar el predominio. Muchas veces los avances en seguridad están ligados a las decisiones pragmáticas de los patrones.

El estudio mencionado, con 7.000 encuestas en más de 230 barrios, habla de comunas donde el 40 % de los hogares y el 70 % de los negocios pagan extorsión, mientras las denuncias son inexistentes. En ocasiones los combos son el lazarillo de los burócratas o entregan el manual de contratación, y los esfuerzos del Estado, con programas y gestores sociales, no disminuyen el control criminal sino que lo reafirman. La ciudad se aquieta, bajan el ruido y la violencia más explícita, pero la maquinaria de control es cada vez más amplia y refinada.