Por: Cecilia Orozco Tascón

Manipulación de pruebas

QUE EL DIRECTOR DEL INPEC REnuncie o lo boten, no resolverá la fea situación que se ha presentado con el manejo despelotado de los computadores y celulares que tenían en sus celdas los catorce extraditados. ¿Alguien supone que un carcelero, por meritoria que sea su carrera, actúa sin órdenes superiores? Si de algo es “culpable” este pobre general en retiro, es de decir la verdad sin adornos.

Por ejemplo, por sostener que con la Ley de Justicia y Paz se diseñó “un reglamento especial (para los paramilitares) que era demasiado flexible…” y por dar en el clavo cuando contestó sobre el paradero del ordenador de Mancuso: “Difícil saberlo… Nosotros no entramos a revisar los computadores y mucho menos los teléfonos. Eso lo hará una autoridad judicial (porque) no tenemos esa facultad”. (El Tiempo, 19 mayo).

Exacto: el Inpec obedece, no manda, y encima, no tiene funciones judiciales. Si no podía ordenar el día a día en los pabellones privilegiados de los jefes paramilitares, mucho menos iba a asumir la responsabilidad de lo que ocurriera en mitad de un operativo como el de la masiva extradición. Supongan ustedes que un guardián del Inpec se enfrenta con uno de los rambos policiales. ¿Quién creen que tendrá preponderancia?

Las preguntas de los reporteros deberían dirigirse a los altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Casa de Nariño que programaron la operación: ¿Dónde estaba la policía judicial (fiscales, Dijín o DAS) para recolectar, como lo ordena la ley, las evidencias sobre la posible comisión de delitos que había en las celdas? ¿Fue simple imprevisión o más bien una estrategia calculada? A estas alturas, aunque aparezcan los aparatos, ya deben de haberles sacado lo inconveniente. Incluso si no es así, ya se echó a perder la cadena de custodia, elemento vital en las investigaciones dentro del sistema penal acusatorio.

Y a propósito, me sorprendió que el Fiscal se comprometiera en público con una frase que era por lo menos imprudente dicha por él, de quien se espera que garantice el debido proceso. Iguarán aseguró que, en el caso de los computadores de Reyes, la cadena de custodia no se había roto. Le va a tocar hacer malabares para sostener esa afirmación tan rotunda después de todas las idas y venidas que han tenido, de la repartición de la información contenida en ellos y del video que el propio Gobierno hizo publicar sobre la “escena del crimen”: vimos botas que pisoteaban todo y manos sin guantes que levantaban elementos para echarlos sin ninguna protección en bolsas comunes. En las imágenes, en cambio, no aparece ni un solo fiscal haciendo su tarea.

El hecho de que Interpol hubiera certificado que los archivos de Reyes no se modificaron, no implica que se hubiera preservado la custodia de los mismos. Muchos se están haciendo los locos con el rigor con que se deben recoger las evidencias para que puedan llegar a ser válidas en un juicio. No porque no estén enterados de lo que exige el sistema, sino porque ponen los objetivos políticos por encima de la tarea judicial. Si fuéramos un país democrático, a esta hora ya estaría armada una gran polémica por la pérdida de validez como pruebas de los computadores de Reyes y de los ordenadores y las sim card de Mancuso y compañía. Además de que estaríamos discutiendo por qué a los primeros se les dio difusión mundial, mientras que a los últimos se les aplicó la fórmula paramilitar: desaparecerlos para que no hablaran.

 

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