Por: Yohir Akerman

Mano firme, calabozo grande

Cuando Sabas Pretelt de la Vega fue nombrado Ministro del Interior y de Justicia, en noviembre del 2003 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pocos entendían cómo podría enfrentar, con éxito, el reto que le esperaba: sacar adelante la reelección presidencial.

Hoy esa respuesta es clara. Por medio de cualquier táctica, incluso delitos como el de cohecho, ofreciendo y entregando dádivas a parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

Así de claro y así de sencillo.

Y eso es lo que estableció la sentencia de la Corte Suprema de Justicia al decir que Pretelt es culpable de este delito junto al exministro de Protección Social, Diego Palacio, y el exsecretario privado de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez, por el escandalo de la “yidispolítica”, en el que estos funcionarios negociaron la aprobación del proyecto de reforma constitucional que beneficiaba al expresidente Uribe.

Con la condena de estos tres funcionarios, son nueve personas, hasta ahora, cercanas a Uribe que han sido condenados penalmente. Alarmante.

Sobretodo porque otros diez funcionarios de ese gobierno tienen investigaciones serias o juicios en proceso, y uno, el antecesor de Pretelt, tiene sanciones disciplinarias encima pero ninguna investigación penal. (Ver http://lasillavacia.com/historia/el-circulo-de-uribe-cada-vez-mas-condenado-49957)

La estrategia inicial de Uribe para darle manejo a este riesgo era poder nombrar un Fiscal aliado que atajara todos esos procesos. Pero no lo logró.

Y por eso el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha servido como alfil para matizar muchos de esos casos.

Ahora bien, con esta sentencia de la Corte Suprema también queda en entredicho el manejo del Procurador de ese caso. En marzo de 2009, cuando llevaba apenas un par de meses en el cargo, Ordóñez absolvió a Pretelt y a Palacio por la “yidispolítica”, argumentando falta de pruebas.

En su momento, se había conocido el borrador del fallo que había dejado su antecesor, Edgardo Maya, antes de salir del cargo, donde, con las mismas pruebas en el expediente, la Procuraduría de Maya iba a sancionar a Palacio y Pretelt.

Ahora que la Corte encontró culpables a Pretelt y Palacio con las mismas pruebas, es inexplicable que se defienda que los ministros cometieron un delito, como lo hicieron, pero que no hubo faltas disciplinarias, como dijo el Procurador. Y esto es algo que Ordóñez tiene que explicar.

Como también lo tiene que hacer el beneficiario final de estos delitos que cometieron sus funcionarios: el expresidente Uribe.

Seguir vociferando que esto es una retaliación, una persecución política, y que en Colombia no hay garantías, después que este proceso jurídico duró más de seis años, y en el expediente constan evidencias claras y pruebas contundentes de los delitos que cometieron sus funcionarios, es mentirle en la cara al país.

Esta es una Corte que ha sido renovada y que ha procedido, en este caso, en derecho y apegados a la ley. No a las corrientes políticas.

Y esto no es una opinión, es un hecho.

Que el expresidente Uribe, como respuesta a esta evidente situación, solamente pueda decir en un mensaje de Twitter que acudirá a las instancias internacionales para denunciar los fallos en contra de sus colaboradores, es ambiguo y temeroso, ya que lo único que hace es seguir poniendo en duda el sistema judicial colombiano.

No quedan dudas de la mano firme de Uribe, donde si quedan interrogantes serios es sí su gobierno tenía un corazón grande. Lo que ahora es evidente, y probado, es que se necesita un calabozo espacioso para que quepan todos los funcionarios condenados de esa administración, y los otros que faltan.

 

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