‘Manos limpias’ en Colombia

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EN 2001, EL FISCAL GENERAL DE LA Nación Alfonso Gómez Méndez inició una serie de investigaciones contra el paramilitarismo y sus aliados políticos y ganaderos en Antioquia, Córdoba y el Valle. La Fiscalía tenía un listado de 615 personas que financiaban estas estructuras y había ordenado la captura del general Rito Alejo del Río, uno de los principales gestores de este fenómeno en las Fuerzas Militares.

Pero las investigaciones no prosperaron. Ese mismo año terminó la gestión de Gómez Méndez. Asumió la dirección de la Fiscalía Luis Camilo Osorio. No sólo acabó con las principales investigaciones y dispersó los procesos. También debilitó la Unidad de Derechos Humanos y nombró en las principales fiscalías a personajes que hoy son investigados o que intentan eludir la justicia: en el Valle a Diego Rojas Girón preso por nexos con narcotraficantes, en Norte de Santander a Ana María Flórez prófuga de la justicia luego de ser acusada de pertenecer a las estructuras paramilitares, en Córdoba a Perla Dávila acusada de alianzas con paramilitares y en Antioquia a Guillermo Valencia Cossio acusado de trabajar para el narcoparamilitar Daniel Rendón, alias Don Mario. De no haber sido tomada la Fiscalía por los cómplices de las Auc, probablemente no se hubiera llegado a la dominación territorial que permitió la parapolítica.

Guardadas proporciones y distancias, asistimos hoy al intento de que esta situación se repita. Contra los incipientes procesos judiciales que se adelantan atentan las extradiciones de los principales jefes paramilitares, el freno a las investigaciones por la parapolítica, la ofensiva que encabeza el Presidente de la República contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la lentitud de los procedimientos en la Fiscalía y el fin del período del actual Fiscal General.

En determinadas circunstancias históricas la justicia se convierte en el principal factor para la instauración de la democracia. Cuando los jueces toman en sus manos el esclarecimiento de las responsabilidades de crímenes de naturaleza sistemática y de gran impacto social, entran en contradicción con quienes detentan el poder político. En Italia los fiscales adelantaron la operación antimafia ‘manos limpias’ y lograron detener el avance de las organizaciones criminales que parecían todopoderosas.

Las investigaciones que realizan hoy los fiscales y magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia conciernen a los sectores que gobiernan el Estado. Por eso, del éxito o fracaso de los procesos de verdad y justicia que atañen a los máximos responsables políticos de la criminalidad paramilitar, y del respaldo que a esos procesos les brinde la opinión pública, depende en alto grado el futuro del país.

Durante la visita a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, los representantes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos le solicitamos que abriera pronto un primer proceso emblemático contra alguno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia. Le dijimos que esa sería una señal inequívoca de apoyo a los jueces nacionales. Un buen candidato para ser el primero en comparecer en La Haya es el ex fiscal Luis Camilo Osorio. Fue quien garantizó la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y con ello contribuyó decididamente a abrir las puertas para que los políticos mafiosos y paramilitares gobernaran el país.

fm_cepeda@yahoo.fr

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