Por: Beatriz Vanegas Athías

Marchar y pensar en el pequeño minero

En Bucaramanga la invitación que más suena para el próximo viernes 6 de octubre es: Todos a marchar por la defensa del agua. Por Santurbán, fuente hídrica continuamente asediada por multinacionales extranjeras como Greystar y hoy por la empresa árabe Minesa. Hay mucho de razón en los ciudadanos preocupados por el agua que se han empoderado para defender la agresión del Gobierno a través de la complicidad con las multinacionales.

Sin embargo, sabido es que dos razones históricas que han atizado el conflicto en Colombia son la presión internacional sobre los gobiernos y el hecho de ser Colombia una nación de regiones. La primera es una presión que se traduce no sólo en la urgencia de brindar resultados de la lucha antidroga a gobiernos como Estados Unidos, sino en la entrega del territorio nacional con sus riquezas minerales y de biodiversidad. Todos nuestros conservadores gobiernos arrastran la tradición del entreguismo del país a Estados extranjeros. Acentuado esta infame política en los gobiernos de Álvaro Uribe-George Bush y de Juan Manuel Santos, que se solaza con discursos ideales en las cumbres por el medioambiente, pero acá en su país concede licencia a las multinacionales y no ofrece soluciones al campesino de las zonas lesionadas.

La segunda razón que ha avivado el conflicto es el hecho de ser Colombia un país de regiones gobernado desde un centro que desconoce en profundidad cómo funciona la vida más allá de Bogotá. Por eso, ni la ley, ni la economía, ni la salud, ni la educación funcionan de manera equilibrada en todo nuestro territorio. No es lo mismo aplicar la ley en Soacha, Cundinamarca, que en Majagual, Sucre, por ejemplo. Ello quedó demostrado en el informe “¡Basta ya!” del Centro de Memoria Histórica.

Así pues que no es vocación de los gobiernos colombianos —todos conservadores, aunque se autodenominen liberales— la defensa del campesino que habita la mayor parte del país. Y ello ha sido así, por supuesto, en Santurbán, un complejo en donde convergen la principal fuente hídrica de la región con sus pajonales y sistemas subterráneos de agua y la principal fuente de oro que ha venido padeciendo el corte de esas venas internas de agua para la satisfacción extranjera. Porque el Gobierno ha asumido el conflicto como si el problema no fuese causado por las grandes empresas de extracción que hacen daño al ecosistema, sino que el problema es aupado por los campesinos, los pequeños mineros.

En los tiempos de la multinacional Greystar, que luego se llamó Eco Oro, el Ministerio de Ambiente trazó los límites del páramo por donde técnicamente no debían pasar, de acuerdo al ingeniero agrónomo y sociólogo Luis Carlos Estupiñán de la Corambiente, la cota se subió para favorecer los intereses de Greystar o Eco Oro y de Minesa, la empresa árabe que hoy se quiere beneficiar y perjudicar a los municipios de Tona, Charta, de California y de paso a los pequeños mineros de  Vetas.

Entonces el campesino de arraigo laboral en la minería no tiene alternativa, porque ante el desamparo gubernamental se ve obligado a vender su fuerza de trabajo a la multinacional que campea en su zona como única fuente de trabajo. Desde el Comité por la defensa del Páramo no se plantea que se acabe la pequeña minería, se propone en cambio que se apoye con recursos y tecnología a los pequeños mineros. Cuestiones que no interesan para nada al Gobierno central que le apuesta a la perjudicial megaminería. Por ello, además de marchar por la conservación del agua y del páramo hay que hacerlo también por la defensa de la tradición laboral y de la subsistencia de los habitantes aledaños al páramo de Santurbán.

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