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Dos hechos relevantes tuvieron lugar la segunda semana de octubre: las enormes, entusiastas y pacíficas movilizaciones juveniles por financiación y calidad de la educación superior, por una parte, y, por otra, la asamblea popular legislativa realizada en Bosa, Colegio Claretiano, donde 1.300 líderes sociales, hombres y mujeres, muchos jóvenes, campesinos, indígenas, afros, gente urbana, de todas las regiones, deliberaron y concluyeron en novedosos mandatos para mejorar la calidad de vida, transformar la manera de gobernar y completar la paz.
Las marchas por la educación del miércoles 10 tuvieron espacio inusitadamente generoso en los noticieros de televisión, su dimensión y fuerza no podía ocultarse, tampoco la razón que las asistía. La asamblea de Bosa, efectuada entre el miércoles 10 y el sábado 13, prácticamente estuvo desaparecida de los grandes medios. La estigmatización de lo social hace que hechos de tanto relieve no merezcan un registro noticioso y un espacio analítico amplio como expresiones que son a la vez de problemas y de soluciones sobre temas vitales para la sociedad en su conjunto.
La respuesta del Gobierno no fue democráticamente comprensiva de la protesta social educativa, aunque dice respetarla. El Gobierno la desestima a pesar de que las 32 universidades públicas, nacionales y regionales, como instituciones, además de los estudiantes y docentes, eran impulsoras del movimiento. El tema central es la financiación crónicamente deficitaria de las universidades públicas, incluidos Colciencias y el SENA. El número de estudiantes crece mientras el aporte público por cada uno decrece. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) comparte esa causa y se moviliza por acuerdos incumplidos.
El Gobierno responde con una suma que no alcanza a ser siquiera un paliativo. Dada la cortedad de la respuesta y el hecho de no constituir de inmediato una mesa de diálogo y concertación, el movimiento, según algunos de sus líderes, podría derivar en un paro nacional con gran respaldo ciudadano. Fecode lo iniciaría el jueves 18.
Las marchas estudiantiles y la asamblea popular legislativa se realizan cuando sigue la ola de exterminio contra los líderes sociales, dándose el caso de varios asesinatos en un solo día (Cauca, 7 de octubre), lo cual dio lugar, el martes 9, al debate de control político adelantado por el senador Iván Cepeda al ministro de Defensa, Guillermo Botero, a propósito de su tesis de la financiación de la protesta por grupos ilegales y su ocurrencia de reglamentarla.
En coincidencia con las marchas se conoció el duro reclamo de Naciones Unidas al Gobierno pidiendo freno a la muerte de líderes sociales (93 este año, según la FIP) y antiguos miembros de las Farc (74 desde la firma de la paz en noviembre de 2016). En el informe al Consejo de Seguridad de la ONU, Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación, enfatiza en la “necesidad apremiante de movilizar a las instituciones del Estado para la prevención y persecución de estos crímenes”.
En tan particulares condiciones, positivas unas, negativas otras (se niegan las consultas, se frustran las revocatorias), cabe preguntarse cuál es el futuro de marchas ciudadanas y asambleas populares y cómo hacerlas efectivas en relación con sus objetivos de interés social en campos tan sensibles como la educación, la salud, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos, el tema minero-energético, los recursos naturales, las culturas ancestrales, etc.
Colombia no puede en el pos-Acuerdo de Paz, y menos si busca que la paz, muy pronto, sea completa, reducir la democracia al mero ejercicio electoral, es decir, a un aspecto exclusivamente procedimental (Acosta, 1997; Quiroga, 2000).
La democracia no es tal si al mismo tiempo no es también democratización. Libertad política y equidad social tienen que ir de la mano y ello implica que el Estado democrático, más si es Estado social de derecho, dé cabida a las legítimas presiones de las mayorías populares, a través de movimientos y protestas sociales, por acceder a mejores condiciones de vida. Sabido es que Colombia está entre los países más desiguales del mundo.
En buena hora, como anuncio de luminosa primavera, están en auge movimientos sociopolíticos, enteramente civilistas, que combinan un repertorio de movilización, deliberación, opinión, mandato y voto, lo cual puede apreciarse en los dos ejemplos mencionados en esta columna y en el II Encuentro Nacional del Movimiento Ríos Vivos efectuado en Barranca entre el 8 y 12 de octubre. Muchos más podrían tomarse en cuenta, registrados y analizados en estudios recientes (Cinep, 2014; Cruz, 2017, 2018), que al ministro Botero le vendría bien conocer.
Cuando el Estado tiene definidos fines sociales, como es el caso de Colombia (Constitución, 1991), los movimientos sociales en lugar de escollo son una valiosa ayuda porque hacen que los planes de desarrollo y las políticas públicas respondan a necesidades reales y cuenten con la participación necesaria de la población. El Estado social no puede ser un Estado paternalista y tecnocrático, al contrario, es una institucionalidad que exige el protagonismo de la ciudadanía organizada y movilizada con capacidad de protesta y de propuesta.
En mi opinión en Colombia se está gestando una novedosa y saludable democracia de movilización, concordante con el Estado social de derecho, que va a permitir pactos conducentes a una efectiva transición de la guerra a la paz con cambio. Habrá agitación social pero no trauma institucional. Ni la estigmatización ni la muerte frustrarán esta perspectiva.
Acción parlamentaria y acción callejera no están divorciadas (se vio el 10). Una cultura de tratamiento democrático de la conflictividad social es necesario que se abra camino tanto en la orilla estatal como en la orilla social. Hacia allá se encaminan movilización social y asamblea popular legislativa donde quiera que se realicen, en la forma que sea, con el nombre que sea. Está en camino el sujeto plural alternativo…