En respuesta al editorial del 5 de octubre de 2020, titulado “Aspiramos a la verdad del magnicidio de Álvaro Gómez”.
A propósito del editorial titulado Aspiramos a la verdad del magnicidio de Álvaro Gómez, publicado el pasado 5 de octubre del presente año, valdría la pena hacernos la siguiente reflexión.
Más allá de la confesión de las Farc sobre los crímenes de Álvaro Gómez Hurtado y otros líderes políticos y sociales del país, lo que deja muy claro este episodio es la ineptitud de la Fiscalía y de la justicia en general, que ni siquiera por casualidad exploraron o tuvieron en cuenta esa línea de investigación.
Dicho de otra manera, esa verdad tan dolorosa es el producto del Acuerdo de paz que sabiamente suscribió el presidente Juan Manuel Santos con el hasta entonces grupo subversivo Farc.
Quienes han pasado por la Dirección Nacional de la Fiscalía a lo largo de estos casi 30 años, han quedado al desnudo, al no establecer líneas de investigación que apuntaran al conflicto armado y sin embargo se dejaran seducir con gran facilidad, por cualquier teoría o hipótesis conspirativa que apalancara sus prejuicios, dejando a su paso una estela de personas inocentes que lo perdieron todo al ser judicializadas y encarceladas buena parte de sus vidas como los responsables de esos crímenes atroces.
La inercia ha sido siempre la característica principal de nuestro débil sistema de justicia y de quienes han actuado en su nombre, basta recordar que del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, líder del partido liberal, que desató la ola de violencia y fu piedra angular del conflicto armado que desangró al país, hasta nuestros días han pasado 72 años y todavía ´en los ires y venires de la historia no se ha podido esclarecer responsabilidades, ni autores materiales.
Esto lo que evidencia es la fragilidad de nuestra democracia , a la que le hace mucha falta una justicia sólida y fuerte que funcione bien, si hay una justicia sólida es mucho más fácil encausar y tramitar las diferentes expresiones sociales que le den piso firme al estado social de derecho y pueda regular con eficiencia las relaciones entre el estado y la sociedad que deriven en el reconocimiento de la legitimidad de las instituciones con la suficiente validez para ofrecer garantías al ejercicio de la democracia desde la pluralidad de las ideas.
No hacerlo, es seguir navegando en el mar de los prejuicios, las teorías conspirativas, los enemigos ocultos y la “mano negra” que habita en el imaginario colectivo de los colombianos, para explicar de manera fácil y sin ningún esfuerzo colectivo, el meollo de los problemas y desconocer el miedo a la verdad que a tantos asusta.
Con sobra da razón decía Goethe que: “Las convicciones son enemigas de la verdad y más peligrosas que las mentiras”.
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