Más allá de la responsabilidad social empresarial

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En las últimas semanas, el sector empresarial ha dado a conocer planes y estrategias para reactivar la economía del país y su crecimiento, recuperar sus empresas, disminuir las tasas de desempleo y pobreza. De otra parte, el Gobierno, sectores académicos, expertos y miembros de centros de pensamiento también han elaborado propuestas en esta dirección. Aunque con énfasis y prioridades diferentes —algunos dando más relevancia a la reconstrucción y el crecimiento económico, y otros, a los problemas derivados de la crisis económica y las desigualdades sociales que la pandemia ha visibilizado e incrementado—, el objetivo central es sacar la economía del país de la crisis.

Una gran ausente de estas propuestas es la reflexión sobre cómo esto incidirá en el ejercicio de la responsabilidad social empresarial (RSE) y su impacto en el proceso de recuperación. ¿Qué recursos van a destinar las empresas a programas y proyectos que beneficien a comunidades, poblaciones y territorios vulnerables de manera que la recuperación económica de las primeras potencie la de los segundos? ¿Qué acciones se van a priorizar? ¿Cómo hacer más compatible el crecimiento de la economía con el desarrollo social y la sostenibilidad económica, ambiental y política?

Son innegables los aportes que, en el marco de estas actividades, sectores importantes del empresariado colombiano le han hecho al desarrollo social, económico y cultural del país, incluso con programas que suplen o complementan la débil o nula presencia estatal.

Sin embargo, un aspecto que no ha sido abordado es la pertinencia y viabilidad de ampliar el alcance de la responsabilidad empresarial a una responsabilidad política del sector privado. Esto va mucho más allá de la política partidista y electoral. La protección, el fortalecimiento y la sostenibilidad de la democracia y sus instituciones no deberían ser propósitos ajenos a los intereses, acciones y prioridades de los empresarios, bien sean grandes, medianos o pequeños. El respeto por los principios rectores del Estado social y democrático de derecho, la generación de condiciones de vida dignas para toda la población y la promoción de una cultura política democrática son algunas de las tareas que no solo involucran a los gobernantes y políticos, sino a todos los ciudadanos.

La democracia en muchos países está en crisis. No en vano el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que en el 2021 convocará una conferencia mundial sobre la democracia para analizar este fenómeno y buscar soluciones. Además, así lo han reconocido numerosos líderes, incluyendo grandes empresarios, que temen que este declive se traduzca en una agudización del malestar y la desconfianza que los ciudadanos sienten hacia sus instituciones, en un incremento de las protestas sociales violentas y en el surgimiento de gobiernos populistas y autoritarios.

Colombia no es ajena a los problemas que enfrenta la democracia y que el COVID-19 ha exacerbado. Esta puede ser una oportunidad para iniciar una reflexión que convoque a varios actores y sectores a dialogar sobre la responsabilidad social y política empresarial.

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