Por: Augusto Trujillo Muñoz

Más en torno a las ZRC

Alguien ha dicho, eufemísticamente, que somos más geografía que historia.

Eso significa que tenemos más territorio que estado. En efecto, la mitad de la geografía nacional carece de instituciones. Alberga territorios de nadie, en los cuales florecieron grupos armados ilegales. Ante la ausencia de derecho, el vacío institucional se llenó de hecho y, por lo mismo, hay en ello una inexcusable responsabilidad dirigente. Es preciso, es prioritario institucionalizar el país.

Pero además, como lo anoté en una de mis columnas anteriores, en materia territorial tenemos una institucionalidad inconclusa: no solamente son las zonas de reserva campesina (zrc) –puestas de moda por las discusiones de La Habana- y los territorios indígenas. Las regiones, las provincias, incluso los municipios tampoco han tenido cabales desarrollos normativos.

Los geógrafos suelen recordar que Colombia es un país de regiones y los historiadores que la provincia es una institución tan antigua como la colonia. Los juristas las rediseñaron y los constituyentes las aprobaron dejando a la ley su erección en entidades territoriales. Al mismo tiempo convirtieron al municipio –la institución más legítima de todas- en la entidad fundamental del estado.

Lo anterior sólo fue posible gracias a un principio nuevo, ajeno por completo al régimen constitucional del 86, incorporado al texto superior por los constituyentes del 91: la autonomía territorial. Adoptado en el artículo 1º, fue consagrado como derecho de las entidades territoriales en el artículo 287. Sus desarrollos legales, que hasta hoy son mínimos, le corresponden al Congreso de la República.

En la base del concepto de autonomía territorial subyacen potencialidades de transformación institucional que nunca antes conoció el derecho colombiano en el siglo xx. La propia Corte Constitucional, desde su sentencia C-004/93, habló de “un cambio sustancial en las relaciones centro-periferia”. Ese es el marco dentro del cual deben analizarse las propuestas formuladas en torno a las zrc.

Dicho cambio necesita ser entendido dentro de la unidad política nacional, pero por fuera del concepto de descentralización administrativa. Poco sirve ésta frente a la necesidad de reconocer una sociedad plural, cuyas diferencias sólo se pueden resolver a través del concepto de autonomía. Autonomía no es descentralización, pero tampoco es independencia.

El horizonte de las zrc podrían ser los municipios rurales. Esta opción no exige una reforma constitucional. Pero no se avanza hacia ningún acuerdo al calificarlas como “repúblicas independientes”. Si éstas fueron amenaza para el estado unitario de hace cincuenta años, no lo son para el de hoy que se funda en un postulado autonómico. Sólo por la vía de la municipalización es posible llevar instituciones hasta el último rincón de nuestro territorio. Otra manera, simplemente, no existe.

*Ex senador, profesor universitario, [email protected]

 

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