Por: Luis Carvajal Basto

¿Más Impuestos o eficiencia contra la corrupción?

Mientras la comisión de expertos designada por el gobierno aclimata ajustes tributarios y se ve venir un aumento del IVA, la lucha contra la corrupción apenas se deja enunciar.

La matemática de los recursos públicos es sencilla: sumas y restas; ingresos y gastos. La caída en los precios del petróleo impactó de tal manera los ingresos del Estado que no nos demoramos en recortar presupuestos, afectados también por la devaluación que se vino, haciendo la deuda más costosa.

El país está recurriendo a la vieja fórmula del endeudamiento y la semana pasada nada más el CONPES autorizó hacerlo por 5.500 millones de dólares para atender necesidades presupuestales, como se anticipó en esta columna al iniciar el año (http://www.elespectador.com/opinion/2015-nuevos-problemas-economia-columna-536227). Mientras se recuperan los precios del petróleo, cosa que debe ocurrir antes de que otras exportaciones lo reemplacen en nuestras cuentas, esa será la salida, en vista de que la emisión de dinero, según el gobierno, no es un recurso a considerar.

En ese escenario una comisión de expertos, integrada con miembros de diferentes tendencias políticas, acaba de producir un informe según el cual en 2018 tendremos un déficit fiscal de 11 billones que para 2020 se duplicaría, llegando a un faltante comparable a cuatro veces el precio base de Isagen, lo que sugiere un ajuste en nuestro sistema de impuestos. Vale anotar que no es una idea del gobierno, que la semana pasada negó una nueva reforma tributaria, si no de la comisión, pero el tema está planteado.

Los expertos parecen estar pensando que una reducción de los gastos del Estado “ineficientes e inequitativos”, podría ser mejor que un aumento de impuestos, lo que confirma la hipótesis de una ampliación en la base tributaria y una reorganización y aumento del IVA, que será, aunque hoy no se diga, una pieza fundamental de cualquier reforma.

No les falta razón en vista de que un aumento de impuestos sería un fardo muy pesado que acabaría por hacernos perder competitividad no solo en el mercado externo si no en el interno, propiciando desempleo, mayor caída de la actividad productiva y, por tanto, aún menores ingresos para el Estado.

Pero en lo que estos notables expertos se equivocan es en la perspectiva, aunque solo sea eso, de reducir el gasto público en un momento en que debemos aumentarlo y comenzar a pensar en reducir la tenaza de la regla fiscal como lo empiezan a hacer, después de tanta restricción, varios países en Europa y cosa que no hicieron, pudiendo por ello salir primero de la crisis, los mismos Estados Unidos, aunque a alguna escuela de economía y al ministro Cárdenas no le guste.

Con un PIB ajustándose a la baja casi cada mes, la perspectiva de reducir el gasto público es una locura, a menos que voluntariamente decidamos cruzarnos de brazos a ver si la suerte nos ayuda; descubrimos más petróleo sin buscarlo (la exploración ha caído 83% en 2015) o la OPEP reduce sus volúmenes de producción, medida que descartó la semana pasada.

Sin embargo, si los expertos se refieren a corrupción cuando hablan de “gasto ineficiente e inequitativo”, siendo siempre mejor llamar a las cosas por su nombre, allí si tendrían toda la razón y la consecuencia lógica sería, cuando menos, un paquete de medidas inmediatas para combatirla. Con mayor razón sabiendo dónde se encuentra. Por ejemplo hace poco Juan Martín Caicedo, presidente de la cámara de infraestructura, describió con claridad sus nuevas modalidades, dentro de las que destacan que “un 65 por ciento de los procesos licitatorios abiertos en los municipios del país (58% en Bogotá y 35% en los departamentos) durante el 2014– terminaron favoreciendo una única oferta”.

Reconociendo que resulta más expedito pedir prestado que parar el robo de los recursos públicos, ¿Qué hemos hecho al respecto?
@herejesyluis

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2015-06-07T22:00:00-05:00

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