Más masacres y otras violaciones

“Duque, no has hecho nada por nosotros”, dijo Donald Trump hace un año, porque, según él, estaba entrando desde Colombia más cocaína a su país que antes. En otra reunión, en que el presidente (o subpresidente) colombiano dio la impresión de ser una mascota del señor imperial, el mandamás gringo le ordenó usar glifosato y, más tarde, lo ubicó como un portaestandarte de la política exterior estadounidense contra Venezuela y le puso la tarea de “tumbar” a Nicolás Maduro.

En todo caso, el conocido de autos que es, al mismo tiempo, según lo pintan, rey (más que todo de burlas) y bufón, no se le dio nada por oponerse a los constantes entrometimientos estadounidenses en la política interior de Colombia. Sin embargo, con el reciente informe de la ONU sobre derechos humanos en el país, salió al paso a contestar que había de parte del organismo multinacional una “intromisión en la soberanía” de Colombia.

El Informe evalúa la situación de derechos humanos en Colombia en 2019 y puede leerse como un episodio de horrores sobre lo que, en solo un año, sucedió en torno a la violación permanente de tales derechos en el país, donde confluyen gigantescas bandas criminales (el paramilitarismo de nuevo y viejo cuño), grupos guerrilleros como el Eln, entre otras “razones sociales” que ocasionan no solo muertos en la población civil, sino desplazamiento forzado y amenazas constantes.

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relaciona 108 asesinatos de defensores de derechos humanos, incluidas 15 mujeres, en zonas, en su mayoría, donde existe, según el mismo informe, una “violencia endémica”. Este panorama, que hunde sus raíces en un conflicto armado que también parece “endémico” y que algunas esferas de poder y determinados sectores políticos se empeñan en negar, ha tenido momentos de horror sin límite como los acaecidos en 1987.

Defender los derechos humanos en un país donde día a día se violan, es una labor de alto riesgo, tal como lo indica el informe. Con respecto a 2018, los casos aumentaron en cerca del 50 por ciento. “El 5 de enero en Magdalena, una defensora afrocolombiana que exigía la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y la adjudicación de tierras, fue asesinada por denunciar la presencia de un grupo criminal”, advierte el citado informe en el que, entre otros aspectos, también se referencian la inequidad y la corrupción.

El informe, que más bien le “cayó gordo” al gobierno, es un documento que debe debatirse en todas partes: en escuelas y colegios, en universidades y empresas. No debe ser letra muerta. Es una suerte de derrotero sobre el país que habitamos, en el que se da cuenta de hechos de espanto que han aumentado, como las masacres. Y los asesinatos contra líderes indígenas y de las negritudes.

Sobre la corrupción, por ejemplo, que también debería ser “crimen de lesa humanidad”, el Alto Comisionado, que igual denuncia agresiones y amenazas contra periodistas, dice que aquella “afectó negativamente la capacidad del Estado de cumplir con su obligación de asignar el máximo de sus recursos disponibles para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales” de la población.

El informe anual debe convertirse en un derrotero para reflexiones y discusiones en torno a la pobreza, los roles del ejército y la policía, la inequidad, pero, además, sobre el pavoroso avance de la criminalidad (ayudada por la impunidad) en campos y ciudades. Al documentar los impactos negativos de Hidroituango, habla de la afectación de los derechos al trabajo, al agua, a la alimentación, a un “nivel de vida adecuado” de las comunidades pescadoras de Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá y Valdivia.

Las 36 masacres con 133 muertos que registra el informe es la “cifra más alta” desde 2014. “Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde continuas disputas por el control de las economías ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia”, anota. En todo caso, estos informes no pueden ser letra muerta ni quedarse en anaqueles. Su contribución por lo menos al estupor y otras sensaciones que se producen con su lectura, deberían llamar al Estado y al gobierno a tomar medidas efectivas contra el ejercicio de la violencia y de otros males.

Hay una exhortación, a modo de recomendación, que hace el informe para que se avance en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz y a “la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. No se ve, por ningún lado, que haya “intromisión en la soberanía”, señor Duque. La que sí es motivo de indignación y rechazo es la ya vieja injerencia de Washington en nuestros asuntos internos.