Por: María Elvira Bonilla

Más médicos y menos cárceles

El debate que se inició hace ya casi 20 años, sobre la despenalización del consumo de la dosis mínima de droga, sigue vivo.

Parece increíble que desde que la primera Corte Constitucional que se estrenó con la Constitución del 91, acogió a través de la Sentencia C-221, la ponencia del magistrado Carlos Gaviria que abrió la posibilidad de que los individuos asuman la responsabilidad de sus vidas con base en el derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad, aún no haya consenso en el país. En 2009 y por la fuerte presión del gobierno de Álvaro Uribe se penalizó nuevamente el consumo individual y quiso incluso llevarse al rango constitucional. Ahora el procurador Alejandro Ordóñez, promete iniciar otra de sus famosas cruzadas moralizantes montadas sobre la ignorancia y el temor.

Prevalece la obsesión autoritaria de intentar que el Estado regule la vida individual, posición que riñe con el espíritu libertario y democrático de la Carta Política de Colombia que el Congreso intentó, con la malhadada reforma a la justicia, manosear ad infinitum. Pero mientras aquí se sigue enfrascado en el debate doméstico de mentes oscurantistas, el mundo avanza. La propuesta de la legalización del consumo de la marihuana gana terreno y la lucha contra la droga se empieza a ver de otra manera. El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso ha reconocido hasta la saciedad que “estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicar las drogas... El enfoque prohibicionista ha generado problemas humanos y sociales gravísimos, como es el aumento de la violencia y de la corrupción”.

Los resultados de la guerra impuesta por Estados Unidos y que hoy tiene como epicentro a México no pueden ser peores en vidas humanas y descomposición social. El consumo no disminuye, las siembras fumigadas se desplazan de una región a otra, de un país a otro, la productividad y la calidad de los cultivos ha mejorado con lo cual el precio de la hoja de coca ha bajado mientras aumenta la rentabilidad del narconegocio. Es evidente el daño colateral producto del enriquecimiento desmedido de la delincuencia y su infinita capacidad de aterrorizar y de matar, de corromper y de imponer sus reglas, que en Colombia alimenta y sostiene al conflicto armado, dándole todo el oxígeno para su eternización.

Este tema enfrenta dos visiones de la condición humana y del manejo de los comportamientos sociales. Están por un lado quienes sueñan con una humanidad donde no existan las drogas y por ello impulsan políticas de “tolerancia cero” al consumo, frente a los más realistas que creen que el vicio siempre existirá, y que la meta es disminuir el consumo y sobre todo los efectos sociales del narconegocio, potenciados por la guerra. Para los realistas el problema hay que abordarlo con herramientas de salud pública y no de policía, en las que manda la prevención sobre la represión a partir del principio de la reducción del riesgo. Una posición que ha calado incluso en el país líder en el consumo, donde el presidente Barack Obama ha priorizado recursos para la prevención. Va quedando claro que los consumidores de droga deben ir al médico y no a la cárcel. Y que a los de la dosis mínima deben dejarlos en paz. 

 

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