Más sobre Uber

La prohibición de las operaciones de Uber, originada por la presión de los taxistas, es una muestra de la manera como se hace buena parte de la política pública en Colombia. En forma semejante, los lobbies consiguen protección arancelaria; las grandes empresas, exenciones tributarias; los paros de maestros, menor evaluación; los camioneros, tablas de fletes y trabas a la modernización de la flota. Y un largo etcétera. Quienes pierden con todo esto son los colombianos anónimos, que pagan el costo de los intereses creados. Esta es, además, una de las principales razones de la escasa competitividad de la economía colombiana.

El escándalo de Uber, además, puso en evidencia la incapacidad de los últimos gobiernos de hacerle frente a un viejo problema, resuelto en otros países. Acobardados y apretados por los taxistas, los distintos funcionarios no se han atrevido a cumplir con su deber: reglamentar las plataformas tecnológicas de tal forma que, cumpliendo ciertas normas básicas, permitan que los consumidores se beneficien de ellas.

El problema llegó a niveles críticos, entre otras cosas, porque algunos políticos importantes, entre ellos el expresidente Uribe y el senador Jorge Robledo, juntos otra vez en una causa sin mérito, comprometidos con los taxistas, asumieron su vocería, de espaldas al interés general. Varios observadores han señalado que es probable que la tarjeta roja a Uber haya tenido que ver con esta y otras influencias políticas y gremiales.

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio es, además, miope, porque no tuvo en cuenta la totalidad del problema y sus distintas ramificaciones. Cuando Uber se vaya, otras plataformas semejantes que ya operan con éxito en Colombia tomarán su lugar. Y cuando esto suceda, los taxistas, sus líderes y sus políticos nada habrán ganado. Más bien habrán perdido, porque, a raíz de las protestas de los consumidores y los conductores afectados, han obligado a que el Gobierno por fin se mueva.

Cuando cayeron en la cuenta de que la decisión de la Superintendencia iba a causar un daño enorme a decenas de miles de personas, los ministros, acosados, tuvieron que señalar un camino para salir del lío. Sin asumir el liderazgo, el Gobierno tímidamente indicó que apoyaría las iniciativas para reglamentar las plataformas de transporte que hacen curso en el Congreso, algo que hasta ahora había sido bloqueado con éxito por los taxistas y sus voceros.

Y, claro, eso no quedó allí. Cuando los taxistas cayeron en la cuenta de que se habían metido un autogol, reaccionaron de acuerdo con el estilo que los ha caracterizado en estas discusiones. Su vocero, el señor Hugo Alberto Ospina, procedió a amenazar y chantajear al Gobierno. Dijo que, si avanzaba la reglamentación en el Congreso, procedería a “tirar” 480.000 taxis en Bogotá para crear el caos en la ciudad.

Si esto sucede, seguramente los taxistas, al lado de otros lobbies de funcionarios públicos, se sumarán y harán parte integral del paro nacional que se quiere reactivar en las próximas semanas. Miles de colombianos, especialmente jóvenes, honda y sinceramente angustiados por las amenazas ambientales y los problemas sociales, serán invitados a apoyar con sus sonoras cacerolas las agendas de los dueños de los carros amarillos y otros grupos de presión, cuyos intereses no coinciden con los de las mayorías del país.