Matan y matan

La señora Maritza Quiroz es la sexta líder social asesinada en la primera semana del año.

El viernes cinco de enero estaba en la finca que le otorgó la Agencia Nacional de Tierras, a ella y a otras seis familias víctimas del desplazamiento forzado, en la vereda San Isidro del corregimiento de Bonda al oriente de Santa Marta. Según cuenta su hijo Luis Camilo Bermúdez Quiroz: “hombres armados llegaron alevosos, ella salió corriendo de la casa, pero los sicarios le dispararon y dos balazos certeros y contundentes la liquidaron antes de que se escapara entre el monte”.

En 2016, a los pocos días de haber recibido la tierra, su esposo también fue asesinado impunemente.

Maritza fue una líder social íntegra y consecuente, era suplente en la Mesa de víctimas en Santa Marta y líder de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamientos, era activa participante en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Y, por ello, este año sería la delegada de su comunidad en la construcción del PATR de la Sierra Nevada y Perijá, por toda esta actividad había recibido amenazas anónimas que denunció a las autoridades, sobre todo después de que en una emisora de Velledupar declaró que: “se estaba ofreciendo dinero a los campesinos instándolos a firmar documentos en los que aseguraban que vendían sus tierras voluntariamente y no bajo amenazas, también que en toda la zona “matan y matan” a quienes no desistan del proceso de restitución.

A Maritza Quiroz, como a cientos de Líderes Sociales en todo el país, la mataron asesinos a sueldo que por una irracional inercia asumen la ideología de quienes les pagan, sus víctimas objetivo son voceros de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, feministas o sindicalistas; el 87% de los asesinatos de Líderes Sociales siguen impunes y de los autores intelectuales nada dicen las autoridades, nada se sabe.

Los móviles de dichos crímenes, según ONG’s estudiosas del asunto son:

• Frenar la restitución de tierras.
• Impedir que comunidades salgan del cultivo de coca.
• Persecución a los que se oponen a la Minería ilegal.
• Muerte a los que denuncian la irrupción de actores ilegales en las zonas abandonadas por las Farc.
• Personas que manifiesten simpatía o militen en partidos de izquierda

Lo evidente es que el mayor ensañamiento de los criminales es contra las acciones en zonas rurales consecuentes con los acuerdos de la Habana, aprobados por el gobierno de Santos y las Farc, particularmente la restitución de tierras.

Por la posesión de tierras estratégicas y/o valiosas “matan y matan” y siguen mandando a matar desde instancias oscuras, los intereses supremos de la matazón sistemática opera con total impunidad como si de su lado estuvieran todos los poderes del Estado.

Entre tanto los otros y yo tan solo reseñamos la mortandad con lágrimas de pésame.