Matando un río

Yohir Akerman
23 de diciembre de 2018 - 05:00 a. m.

El tema de esta columna no solo es urgente, sino que también es importante y esencial. De vida o muerte. De vida de un pueblo y muerte de un río.

El 10 de noviembre de 2016 la Corte Constitucional convirtió al río Atrato en sujeto de derechos. Así como se oye, con la sentencia T-622 de 2016 se le concedió a la población aledaña el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio.

Los magistrados ordenaron un conjunto de acciones que ni el Gobierno Nacional, departamental, o municipal están desarrollando.

La sentencia se fundamenta en el principio de prevención al derecho ambiental. Este principio busca que las acciones de los Estados se dirijan a evitar o minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de otras naciones.

Requiere, por ello, de acciones y medidas que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se produzca o se agrave.

Los líderes del Atrato indican que en el sector de la quebrada Bagaradó, uno de los sectores más importantes del río, se puede evidenciar cómo la actividad minera ha transformado completamente el cauce al punto que las comunidades ya no recuerdan con precisión el curso original del mismo.

Fuera de eso existen amenazas reales de inundaciones en las poblaciones aledañas debido al mayor caudal producido por estas alteraciones. Los líderes de la zona afirman que otra de las afectaciones directas de estas prácticas es la pérdida de los peces y de todos los cultivos naturales de las comunidades que están alrededor del río.

Todo por la minería ilegal del oro.

Pastor Caicedo, líder comunitario de Cocomacia, ha manifestado gran preocupación en especial por el descuido del Estado, sobre todo de sus instituciones ambientales y políticas, al igual que de la Alcaldía, la Gobernación y la Fuerza Pública en el control de la actividad minera ilegal.

El tema acá es el de siempre: la corrupción institucional que involucra todos los niveles locales puesto que la explotación ilegal ocurre frente a los ojos de todos y nadie controla nada.

En el río siguen operando impunemente toda clase de maquinarias como dragas y retroexcavadoras que, aunque funcionan a plena luz del día, no se hace nada para detenerlas. (Ver video).

Igual con los insumos que necesitan para esta explotación como las sustancias químicas y los combustibles o, incluso, algunos explosivos que supuestamente en Colombia son de exclusivo comercio de las autoridades nacionales.

Todo esto ocurre gracias a que son las autoridades locales las que terminan, por medio de otros testaferros, siendo las dueñas reales de los entables mineros y la maquinaria ilegal. (Ver Fotografías de la sentencias).

El lobo cuidando a las ovejas.

Por eso la Corte ordenó al Gobierno Nacional que ejerciera la tutoría y representación legal de los derechos del río en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del afluente en Chocó.

Mediante el Decreto 1148 de 2017, Presidencia designó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como representante legal, y ordenó la conformación de una comisión de guardianes comprendida por un representante del Gobierno Nacional y uno de las comunidades; estas últimas, en un proceso autónomo, escogieron a 14 representantes de siete organizaciones comunitarias y conformaron un cuerpo colegiado de guardianes.

Pero la realidad es que no tienen ninguna clase de financiación o patrocinio para promover actividades ambientales o de explicación de la sentencia que protege el río, por ende, en Chocó no son conscientes de la importancia de dicha sentencia ni de la gravedad de la situación.

En últimas, la Iglesia es la única que, a través de la Diócesis de Quibdó y Pastoral Social, está desarrollando algunas acciones para poder ilustrar al departamento de la importancia de proteger el afluente, pero sin muchos resultados.

Esto es un drama. Un río que se muere en frente de todos y un Gobierno que no hace nada para salvarlo.

@yohirakerman

akermancolumnista@gmail.com

 

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