Por: Rodolfo Arango

Matar la ternura

Según Medicina Legal, 73 niños han sido asesinados por sus padres en los últimos tres años. Cuando los niños son maltratados, violentados, negados, poco podemos esperar del porvenir. La victimización de los niños es reflejo de una sociedad enferma.

Ensañarse con seres indefensos no sólo muestra gran cobardía; también evidencia el malestar general y la hondura de la crisis colectiva. Matar la ternura, cercenar la esperanza, más aún si se trata de un fenómeno masivo, son actos de autodestrucción e inclinación patológica. Una comunidad política que no enfrente el problema a fondo, carece de futuro.

La reflexión surge de la muerte a tiros de cuatro menores, fuente de inconmensurable sufrimiento para la familia y la sociedad en general. ¿Cómo resarcir la angustia vivida? ¿Cómo aprisionar en palabras el terror sufrido? El lloro no alcanza para dimensionar la tragedia. El desalmado ya confeso hace honor a su nombre. Pero la ignominia se cierne sobre dirigentes y líderes de la sociedad. El suplicio de los inocentes se erige como juicio implacable sobre una generación fracasada de mandatarios y cúpulas armadas, todos responsables del desmadre, de la vorágine de sangre y de la degradación humana. Tantos años de guerra dejan su huella.

Las guerrillas usan el sarcasmo y disfrazan el reclutamiento de menores con supuestos actos de amparo familiar. Y todo se cubre bajo el manto justificatorio de la confrontación militar. La renuncia a reclutar menores de diecisiete, aunque positiva, deja el mal sabor de una estrategia política que no respeta los sueños y las fragilidades de existencias truncadas. Falta develar aun los vejámenes sexuales de los señores de la guerra, de ambos bandos, para quienes las jóvenes son botín o trofeo de guerra más que seres humanos. Quizás la posguerra sirva para analizar el porqué de la abierta violencia ejercida sobre las mujeres en nuestra sociedad.

Y como la cultura devuelve lo que engendra, no faltan quienes agravan el abandono de los niños usándolos para difundir sus convicciones religiosas. La defensa que hicieran el procurador Ordóñez y la senadora Vivian Morales del referendo para impedir la adopción de menores sin familia por parejas del mismo sexo, o el llamado a establecer la cadena perpetua de la directora del ICBF, Cristina Plazas, secundada por el presidente Santos, en el caso de las violaciones y presuntos ritos satánicos en Ciudad Bolívar, agravan más la situación, ya de por sí desoladora. El denominador común: oscurantismo religioso y populismo punitivo.

La esperanza es que la experiencia vivida podría ser buena maestra para recapacitar y corregir. Tener hijos biológicos no hace más o menos defendible la adopción igualitaria: tal condición, contemplada por la Corte Constitucional y celebrada por la benemérita senadora, es un monumento a la irracionalidad. Por su parte, el informe de Semana sobre la inexistencia de las violaciones a niños por sus progenitores en Ciudad Bolívar muestra algo extendido y conocido por todos: la mezcla de necesidad material, privación educativa y fanatismo religioso puede resultar explosiva.

Uno de los principales retos de Colombia en las décadas por venir será construir un verdadero sistema educativo que universalice la formación laica, civilista y humanitaria, sensible al sufrimiento humano y solidaria con los demás, sin la intervención de convicciones sectarias, vernáculas y oscurantistas que han empujado a esta doliente y enferma sociedad a los círculos más profundos del infierno retratado por Dante.

 

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