Por: Iván Cepeda Castro

Medellín, 2007

En las últimas dos semanas tuvieron lugar en Medellín varios eventos de derechos humanos y de víctimas de la violencia.

La Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín —una novedosa experiencia institucional en materia de protección de los derechos fundamentales— dio a conocer su informe anual. El informe muestra que continúa la acción de los grupos paramilitares. Entre 400 y 585 hombres conformarían estas estructuras en Medellín. Se sabe que comenzó una guerra por el control territorial en la ciudad entre los adeptos a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, aliado con el cartel del Norte del Valle, y los grupos que obedecen las órdenes de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Líderes de las organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y educadores son objeto de constantes amenazas. Esta semana se conoció que la coordinadora de la MAPP-OEA en Antioquia también fue amenazada. Le advirtieron que si no abandonaba la ciudad, la iban a matar. Ante un hecho tan categórico, Sergio Caramagna, director de la Misión, tuvo que reconocer que la desmovilización no ha garantizado el fin del paramilitarismo.

Las quejas presentadas a la Personería de Medellín revelan la continuidad de los nexos entre paramilitares y agentes estatales. No se han dado pasos significativos hacia la reparación de las víctimas. Los pocos actos de devolución de bienes han sido una burla. El informe afirma que a pesar de que en 2006 se hizo una ceremonia en la que el Vicepresidente de la República devolvió a las víctimas 24 de las viviendas invadidas por los paramilitares, y declaró que ese era “un ejemplo de reconciliación para el país”, sólo tres de las casas estaban en buenas condiciones y el resto se encontraban semidestruidas. Además, dos de las familias que regresaron a sus viviendas después de la entrega oficial fueron desplazadas nuevamente por amenazas de hombres armados.

De otra parte, para conmemorar el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se convocó la Primera Audiencia Ciudadana por la Verdad en Antioquia. Estas audiencias son un mecanismo alternativo de acceso a la justicia. Hasta ahora se han realizado cinco en todo el país, en las que han participado más de 7.000 personas y en las que las autoridades han conocido decenas de casos de crímenes contra la humanidad. En Medellín, la multitudinaria audiencia fue presidida por el ex magistrado Eduardo Cifuentes y contó con la presencia del vicepresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra; el Defensor del Pueblo y funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría. Entre los casos que se presentaron allí estuvo el de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, defensores de derechos humanos y líderes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes. Su desaparición forzada en el año 2000 se produjo en hechos en los que se presume estuvo involucrado el oficial de la Policía Mauricio Santoyo, ascendido recientemente por el Congreso de la República al grado de general. En la audiencia también se presentó el caso de Francisco Gaviria, líder de la Unión Patriótica y víctima de la operación de exterminio ‘Baile Rojo’. Como lo recordaron sus hijas Alejandra y Manuela, Francisco fue retenido, desaparecido, torturado y asesinado el 10 de diciembre de 1987, e hizo parte de la lista de 17 profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia asesinados en el segundo semestre de ese mismo año. Para conmemorar el vigésimo aniversario de este crimen impune, la Universidad le otorgó de manera póstuma el título de periodista, como primera medida de reparación y dignificación de su memoria.

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