Medimás, en las narices del Gobierno

Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prohibió vender Medimás, desde enero pasado, mientras falla de fondo la acción popular que cursa en su despacho desde hace casi dos años, los dueños de esta cuestionada EPS desacataron la orden de la magistrada Claudia E. Lozzi M. y vendieron.

Se desconoce el monto de la transacción, pero desde la semana pasada las dueñas de Medimás EPS SAS, Prestnewco y Prestmed están bajo el control de Jaime Alberto Rincón Prado, quien ya aparece como su representante legal.

El señor Rincón fue denunciado por estafa agravada, falsedad en documento privado y fraude procesal por su socio en la sociedad S3 Wireless Colombia, el señor José Luis Malvehy, quien alega no recibir los US$2 millones prometidos por Rincón por la venta del 50 % de acciones de esta sociedad. Según su denunciante, Rincón aprovechó este negocio para darle mayor valor a Cablecentro, propiedad de Rincón, que terminó vendiendo en 2008 al Grupo Telmex por US$350 millones.

Con parte del anterior dinero, Rincón estableció el Grupo de Inversión Filigrana, con el que incursionó en diversos negocios, entre los que se cuenta la sociedad Termocol, que en el año 2012 incumplió con el suministro de energía termoeléctrica, a pesar de haberse comprometido por cuenta de usufructuar millonarios recursos del “cargo por confiabilidad” que pagan los ciudadanos en sus facturas de luz. Incumplimiento manipulado por cuenta del juez 50 Civil Municipal de Bogotá, Regino Antonio Mendoza M., según investigación de la Procuraduría.

Otra inversión del nuevo dueño de Medimás es la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), de la que es rector desde 2008. La CUN ha sido cuestionada por haber sido contratada para calificar y designar, mediante “concurso público de méritos”, a varios funcionarios de control en diferentes municipios, destacándose los cuestionados procesos de elección de Personería y Contraloría en Cúcuta y en Córdoba.

Procuraduría, Contraloría y Defensoría han pedido respeto a la orden del Tribunal, pero Medimás no se ha caracterizado por respetar la ley ni los contratos, sino por un hambriento interés de seguir usufructuando, como le da la gana, los $400.000 millones mensuales que recibe de recursos públicos del sistema de salud. Y todo ante las lentas y casi cómplices actuaciones del anterior y el actual superintendente de Salud.

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