Por: Arlene B. Tickner

Mejor las urnas que las armas

Entre los temas bloqueados en el Congreso e instrumentalizados por quienes se empecinan en criticar los acuerdos de La Habana, la participación política de los exguerrilleros figura, al lado de la JEP, como el más sensible. Además de las garantías de verdad, no repetición, reparación y no impunidad, el desarrollo de mecanismos que permitan resolver las disputas políticas sin necesidad de acudir a la violencia es precondición imprescindible para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.

Entre 1991 y 2011 se firmaron 172 acuerdos de paz en unos 50 países de África, Asia, América Latina, Europa y Medio Oriente. Si bien el carácter específico de las estrategias de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) adoptadas allí varió notablemente, su objetivo de fondo fue el mismo: evitar que los actores violentos no estatales regresaran a las armas, mediante la implementación de políticas que permitieran asimilarlos social, económica y políticamente a la vida nacional. En más de la mitad de los casos — y pese a lo incómodo y objetable para algunos, dada su participación en crímenes de guerra— los grupos insurgentes se convirtieron en partidos políticos.

El estudio comparativo de estas experiencias, que incluyen la de Colombia en los noventa, indica que las garantías legales de participación, como la asignación de curules legislativas, la existencia de garantes externos (como Naciones Unidas) y la experiencia (y resonancia) previa de un grupo armado en la política pueden ser factores determinantes de su conversión en partido. Paradójicamente, la confianza en el sistema electoral y la expectativa de triunfar en las elecciones no parecen incidir tanto en esa decisión, pese a que el cambio de las armas por las urnas constituye una de las facetas de todo posconflicto con mayor probabilidad de fracaso. Como sugieren distintos casos alrededor del globo, incluyendo el del M19, la posibilidad de perdurar en el tiempo es remota, mientras que el mismo desgaste de conformarse como partido y de lograr un grado idóneo de organización y financiación que permita competir contra las maquinarias electorales tradicionales puede en sí desencarrilar el proceso. De allí que la participación política también debe pensarse de manera más amplia, como incidencia en la toma de decisiones y el debate público, y la creación de alianzas con partidos y organizaciones afines ya existentes.

Si bien algunos columnistas de opinión han querido recalcar la impopularidad de las Farc en la última encuesta de Gallup Colombia como prueba de su inviabilidad como partido, una mirada menos sesgada indica que frente al 79 % de desfavorabilidad de la exguerrilla, es mayor la del Congreso (82 %), el sistema judicial (84 %) y los partidos políticos (89%). A su vez, llama la atención que en opinión de los colombianos el problema principal que tiene el país ya no es el orden público ni la seguridad, sino la corrupción. En lugar de cortinas de humo como esta, debemos estar preguntando cuáles son los mecanismos que pueden garantizar la conversión “exitosa” de la guerrilla en movimiento político, y cómo asegurar que dicha transformación contribuya a la estabilidad, la democratización de la política y la atención de los problemas que están en las raíces del conflicto violento en Colombia.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Arlene B. Tickner