Por: María Teresa Ronderos

Memoria útil

Un acuerdo final de paz “implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”, dice el comunicado conjunto de Gobierno y Farc anunciando que hubo humo blanco para el segundo punto de la agenda.

Acordaron una participación en política que incluya a las guerrillas sin armas y abra el juego democrático con garantías reales para los opositores.

Para que el declarado propósito fructifique en un acuerdo final, el proceso necesita que el esperanzador mensaje cale y la opinión pública sirva de motor político para volverlo realidad. Pero no será fácil porque nuestros pequeños dioses cizañeros —Uribe y sus hombres-eco, entre otros— están en campaña y no tienen otro programa que vender que el sabotaje a la paz.

Sus argumentos simplistas son populares: que en Colombia las Farc son las responsables de la violencia, lo demás ha sido autodefensa justificable por el acoso guerrillero, y que, ahora como en el Caguán, las guerrillas engañan, pasean en lancha, y mientras tanto amplían territorios y se lucran del narco.

Sin embargo, el esfuerzo de memoria que se ha hecho en los últimos años, desde la justicia, la academia, los medios y hasta en las telenovelas, nos prueba que al uribismo le falla la vista cuando diagnostica y, como consecuencia, propone la receta equivocada para la curación.

Primero, las Farc y el Eln no han sido los únicos que han ejercido la violencia como arma de guerra, ni el grueso de la violencia de las autodefensas ha sido mera reacción contra las guerrillas, sino que los guió el ánimo de lucro y fueron usados para perseguir a líderes sociales renovadores, a líderes políticos críticos y a sindicalistas. Según el Centro de Memoria Histórica, de las 1.982 masacres de civiles documentadas desde 1980, el 60% fue cometido por paramilitares y otro 10% por miembros de la Fuerza Pública.

Segundo, la cocaína ha servido de acicate a toda la violencia política, pero los narcotraficantes han contribuido a formar escuadrones de la muerte sobre todo de extrema derecha, responsables de magnicidios y politicidios: ahí están Gonzalo Rodríguez Gacha, Fidel Castaño, El Alacrán, Don Mario, Don Berna, y los demás doncorleones criollos. Por eso, de los 1.495 militantes políticos asesinados desde 1980, la mitad pertenecía a partidos o movimientos de izquierda y una porción considerable al ala más progresista del liberalismo.

Tercero, sí es verdad que las Farc pusieron conejo en el Caguán. Pero también lo puso el Gobierno, porque mientras dibujaba palomas blancas apertrechaba el Ejército con Black Hawks y Bells, cortesía del Plan Colombia, y se declaraba impotente frente a las hordas paramilitares que sembraban el terror en medio país.

Por eso la solución a nuestra tragedia no está en insistir en la guerra contra las Farc (que es lo que intentó Uribe por casi una década y trajo alivio pasajero, pero no sostenible). Sólo sacar a las Farc del juego no trae la paz. Es necesario proscribir, vedar, desterrar para siempre la posibilidad de que cualquiera utilice la violencia como arma para obtener o preservar el poder político. Y eso es lo impresionante que acaban de anunciar, con todas las letras, las guerrillas y el Estado, dos grandes responsables de la violencia política que ha causado enorme sufrimiento a familias colombianas de varias generaciones.

Llegarán a buen puerto si desde la calle escuchamos menos a los que ganan aplausos con medias verdades y prometen más muertos como plan de gobierno, y empezamos a ver este acuerdo de paz como la primera piedra para construir una cultura política civilista de la que sí podamos enorgullecernos.

 

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