Memorias del Ministerio del Interior

En archivos de los sucesivos ministerios del Interior entre el final de la década del 60 y mediados de los 90 reposan los informes de inteligencia del F2 y la Dipol. En ellos aparece el listado de posibles enemigos del Estado, aquellos que es preciso seguir, interceptar y hostigar.

Para marzo de 1969, por ejemplo, los agentes de las oficinas de detectives y de inteligencia del Estado, F2, seguían a los distintos grupos de izquierda. “Hernando Hurtado, secretario político del Comité Regional del PCC en Bogotá, promovió una reunión en la sede a la cual asistieron las siguientes personas”, reportó un agente. Contó cómo los asistentes hablaban sobre la situación laboral de los choferes: “El objetivo principal de la reunión fue la organización de un paro para reclamar por las ocho horas de trabajo y el salario fijo de los choferes”. Otro que entonces estaba siendo seguido por el F2 era el senador por el departamento de Chocó Aureliano Perea Aluma. En su caso, el agente lo sigue hasta una conversación y explica cómo, durante esta, Perea “elogió” algunas veces las “palabras del dirigente Montaña Cuéllar”.

Además de dirigentes y políticos de oposición, el F2 observaba también a los sindicatos. “En la semana pasada se pintaron murales en Barranquilla por parte del Sindicato de Embotelladora Coca-Cola”, informó uno de los coroneles al mando de la agencia, que además transcribió el contenido del mural: “Despidos, malas remuneraciones, persecución laboral. No más injusticias”. Luego de seguir a sindicalistas, los agentes intervenían de manera violenta en los paros. Tras desmanes contra dos camioneros que protestaban en Buenaventura, cientos de sus compañeros de trabajo pararon y en el muelle se acumularon “aproximadamente 250 camiones, en su mayoría cargados de café”.

Al igual que líderes políticos, congresistas de oposición y sindicalistas, el F2 seguía e informaba sobre los movimientos de los estudiantes. “El 16 de los corrientes a partir de las 10 horas, cerca de 800 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional realizaron una manifestación por el centro de Bogotá en protesta por el retiro de los profesores Héctor Reverend y Cortés Mendoza de esa facultad”, comunicó un agente. En los días que siguieron añadió: “Este problema no ha sido solucionado y, por lo tanto, la inconformidad continúa entre los estudiantes”. Desde Cartagena, otro agente infiltrado dentro de la universidad pública avisó que “no se ha llevado a cabo el proyecto Encuentro Nacional de Estudiantes. Hasta la presente, dentro del plantel universitario nadie tiene conocimiento sobre ese aspecto”.

En ocasiones, los desmanes de estos organismos de inteligencia sorprendían a los propios funcionarios de provincia. En la década del 70, en carta dirigida a uno de nuestros tantos ministros de Defensa, un funcionario del departamento de Cesar acusó a los agentes nacionales de censurar los liderazgos campesinos. “El caso concreto que pongo a referirse es el que, primero en Codazzi, después en Aguas Blancas y últimamente en La Gloria y Aguachica, estas autoridades han impedido la realización de Asambleas de Usuarios Campesinos, Juntas Comunales y de Integración Popular”. O así lo denunció. Y completó: “Conmigo no es posible transacción negativa para los campesinos, porque no me dejo sobornar con el dinero ni la zalona del whisky y suculentos banquetes con sancocho de gallina, que es lo que brindan los potentados a todos los funcionarios del Gobierno, cuando les toca cumplir investigaciones de hechos denunciados por los campesinos”.

Todo esto sucedió antes de la creación del DAS, de la reacción contra la Unión Patriótica y del paramilitarismo rampante. El hostigamiento de líderes sociales no es necesariamente una nueva situación. La densidad histórica de este tipo de persecución y violencia forma parte de la extraña mezcla de democracia con violencia que representa a Colombia. Cualquier política pública que pretenda hacerle frente al problema no puede limitarse a la coyuntura. Decir que el narcotráfico es el principal culpable de la persecución a los líderes sociales, como lo hace actualmente el Gobierno del presidente Duque, es borrar una buena parte de la historia colombiana.