Menos tiempo para las víctimas

Se ha escrito mucho sobre el hundimiento de la llamada ley de víctimas.

A propósito, el Gobierno presentó hace unos meses un proyecto de reforma para agilizar la justicia dentro del cual se contempla la modificación del artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo, donde se pretende reducir el término de caducidad de la acción de reparación directa, es decir, la consagrada en el artículo 90 de la Constitución que nos protege a todos de los daños antijurídicos por la acción u omisión de las autoridades públicas de dos años a un año. Esto nos indica que las víctimas, siempre entre los sectores más pobres, tendrán menos oportunidad para ejercer sus derechos porque se les recorta en un cincuenta por ciento el tiempo para acceder a la administración de justicia.

 Horacio Perdomo Parada. Bogotá.

¿Y la participación?

Si nos ubicamos en la definición del Estado colombiano, leemos que uno de sus componentes definitorios es el relativo a la participación. En ese orden de ideas definitorias, nítidamente escritas en el título fundamental de los principios de la Carta Magna, el Estado se autoimpone como obligación vincular en todas sus actividades a la sociedad civil, para así lograr la bienandanza de todos sus postulados sociales, económicos y ambientales. Es necesario recordar que otro importante componente definitorio es el relativo a la descentralización, que debe manejar la participación, para que los procesos de planeación se den con efectividad y legitimidad social.

Muchas administraciones municipales no le han dado la importancia estratégica de incidir notablemente en los procesos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Es necesario recordarles que tal magnitud debe formar parte, con la prestancia debida, en las administraciones públicas; sea ella nacional, departamental o municipal. No podemos olvidar que la Carta Magna de 1991 es perentoria en el sentido de fomentar estos procesos de participación de la sociedad civil en la administración del Estado colombiano; además, todos estos procesos los deben dinamizar las corporaciones públicas nacionales, ya que sobre ellas recae la obligación constitucional de “dar vida” a este modelo participativo, pues son órganos que ya no son de carácter representativo como antaño, donde se veía a la sociedad civil como “molesta, metida e impertinente” con sus puntos de vista, para formar política pública. Hoy son órganos de democracia participativa.

 Rogelio Vallejo Obando.  Manizales.

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