Por: Daniel García-Peña

Mera coincidencia

"Como estamos, no estamos bien", afirma el entrante ministro de Defensa al referirse a la justicia penal militar.

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares dice que estaría de acuerdo con un indulto para los militares implicados en el Palacio de Justicia. El expresidente Uribe propone una reforma constitucional para “crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las FF. AA. en un período de tiempo”. Y el domingo se publica una carta, de página entera, en El Tiempo (costo: $50 millones, IVA incluido), pidiendo la inmediata absolución del coronel Plazas Vega, condenado a 30 años de cárcel por el Palacio de Justicia. ¿Mera coincidencia?

Durante años, se adelantó la tesis de que el cumplimiento de los derechos humanos impedía el accionar de las FF. AA. en su lucha contra la subversión.

Es todo lo contrario. La principal fortaleza de un ejército no está en su armamento, ni siquiera en su inteligencia, sino en su legitimidad, que sólo se gana con el acatamiento a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El golpe más duro que han sufrido las FF. AA, en su historia no fueron ni Las Delicias ni Patascoy, sino los falsos positivos. Su imagen, particularmente frente a la juventud pobre y marginada, principal víctima de tan aberrante práctica, quedó profundamente lesionada. Quienes más debilitan al Ejército son los que desde sus filas violan los derechos humanos y no quienes tienen el valor de denunciarlos.

El fuero militar en Colombia no se acabó, como algunos nos quieren hacer creer, sino que se restringió a los actos de servicio. Y se reformó por la aberrante impunidad que lo caracterizó históricamente. A diferencia de países como Estados Unidos, donde los militares le temen más a la justicia militar por ser más severa que la ordinaria, en Colombia durante décadas se invocó un mal entendido “espíritu de cuerpo” e imperó la cultura del tape tape, que sólo empezó a cambiar cuando la justicia ordinaria se metió a investigar, por ejemplo, casos como el Palacio de Justicia.

Es improcedente hablar de indulto para los militares, ya que sólo existe para quienes levantan armas contra el Estado. Además, internacionalmente está proscrito para delitos de lesa humanidad.

Esto no quiere decir que el tema no se pueda tratar. Existen mecanismos de justicia transicional, como reducción de penas siempre y cuando los beneficios jurídicos sean condicionados al esclarecimiento de la verdad, reparación a la víctimas y garantías de no repetición.

Hasta ahora, no ha habido ni una señal por parte de los militares acusados de violaciones graves de los derechos humanos de voluntad de colaborar con la verdad ni pedir perdón a las víctimas. Su defensa ha sido el viejo libreto de negar todo y sostener que se trata de una conspiración de los terroristas, sus aliados e idiotas útiles. Sudáfrica enseñó que cuando se entienda que la colaboración con la verdad no constituye una traición a la patria sino una contribución invaluable a la reconciliación, se da un paso fundamental para superar la guerra interna.

 

 

 

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