Los problemas del sistema tributario en Colombia están más que diagnosticados. El reto grande no es saber qué hacer, sino poder hacerlo. Ampliar la base tributaria, quitar exclusiones en el IVA, eliminar exenciones para empresas y personas naturales, así como la inclusión de una mayor base tributaria al impuesto de renta son elementos que se han mencionado desde hace muchísimo tiempo como los problemas fundamentales del estatuto tributario en el país.
Los problemas reales vienen a la hora de implementar las reformas que se necesitan. El populismo, el facilismo y el dogma imperan a la hora de las discusiones tributarias. Y de ahí se derivan preceptos peligrosísimos, como que hay que gravar a los “ricos”, a los “empresarios”, a las “empresas” cada vez más.
En Colombia, el 80 % de los impuestos los pagan las empresas y el 20 % las personas naturales, una proporción totalmente al revés de países más desarrollados e incluso otros países en América Latina. Pero son las empresas las que generan riqueza, empleo y capacidad de consumo en hogares. Sin embargo, este punto fundamental no ha calado en el pensamiento nacional.
Por el lado de las personas naturales, 3,4 millones declaran renta en Colombia, pero tan solo 1,6 millones pagan impuestos. Esto, sabiendo que existen 22 millones de personas ocupadas. La necesidad de incorporar a más gente en el sistema tributario es imperante. Sin embargo, la informalidad en parte es resultado de tener unos impuestos empresariales relativamente altos, además de los trámites y la burocracia necesarios para ser formal en Colombia. Es decir, el costo de hacer negocios en el país es relativamente alto, incentivando la informalidad.
Esta percepción de que hay que gravar más a las empresas, a los ricos, puede ser consecuencia de que Colombia es uno de los países con menos democratización del capital, donde la propiedad de las empresas está en manos de una proporción relativamente pequeña de la población. Esto en buena medida es consecuencia de, por un lado, no tener un mercado de capitales desarrollado ni vehículos distintos a los fondos de pensiones para acceder a la propiedad accionaria de las compañías que listan en bolsa. Y por el otro, de una muy pequeña proporción de empresas que deciden abrir su capital en el mercado público.
Abrir la propiedad del capital, democratizarlo, puede ser un antídoto para cambiar la percepción de que a las empresas hay que gravarlas más. En la medida en que una mayor proporción de la población sea beneficiaria de la riqueza generada por las empresas colombianas, creería que habría un mayor apoyo a migrar la carga impositiva de las empresas a las personas naturales. La pregunta es cómo incentivar, por un lado, a más empresas a listarse en bolsa y, por el otro, a más personas a invertir en acciones.
Hay varias formas de hacer esto. Pero, por ejemplo, se podría generar un período durante el cual una empresa nueva listada en bolsa esté exenta de impuestos al patrimonio y las personas que inviertan en acciones, exentas del impuesto a dividendos. Para esto se puede pensar en ampliar los vehículos de ahorro, como fondos de inversión colectiva distintos a los fondos de pensiones, que permitan a personas con ingresos, pero sin empleo, invertir en acciones, con algunos montos exentos de renta durante algunos años.
Las empresas necesitan diversificar sus fuentes de capital y acceder a mayores recursos para invertir y crecer. A lo mejor la generación de demanda por instrumentos del mercado de capitales permite a los empresarios abrir cada vez más su capital. Y así ganar más adeptos para que, finalmente, se puedan tomar las decisiones para corregir los problemas estructurales de nuestro sistema tributario.