Por: Arlene B. Tickner

México no es Colombia

La verdadera importancia de las declaraciones de hace una semana de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre el narcotráfico en México, no radica solamente en la comparación hecha entre ese país y Colombia.

Si es que la hay. Más allá del hecho de que la debilidad de las instituciones del Estado, la corrupción, la pobreza y desigualdad —problemas comunes a la mayor parte de América Latina y el Caribe— hace que ambos sean susceptibles a las actividades y el poder del crimen organizado, las similitudes son pocas.

Primero, la violencia en México, por más que proyecta una imagen de perdida del monopolio de la fuerza y control territorial del Estado, se limita a pocas zonas del país (aunque el hecho de que haya llegado a Monterrey, la capital de negocios del país, sugiere que está mutando). Segundo, el hecho de que la “guerra” del narcotráfico se libra entre los mismos carteles, por el control sobre el negocio, y entre el Estado y éstos, se refleja en las cifras de homicidios. Según la Procuraduría General, entre diciembre 2006 y enero 2010 un total de 17.754 personas fueron asesinadas por organizaciones criminales mexicanas, de las cuales 16.057 eran miembros de los carteles, 1.610 de la fuerza pública y 87 civiles inocentes. La reciente masacre de 72 migrantes en la frontera con Estados Unidos —aunque macabra e infame— parece ser una excepción en lugar de la norma. Tercero, la principal amenaza a la seguridad de México es el crimen relacionado con grupos narcotraficantes y no la insurgencia armada. Finalmente, el mismo hecho de que los comentarios de Clinton hayan suscitado tan fuerte reacción por parte del gobierno y la prensa mexicanos, obligando al presidente Obama y a varios otros funcionarios (incluyendo el Zar Antidrogas) a ratificarse, sugiere que México definitivamente no es Colombia.

Más sugestiva que la (mala) comparación y el debate que provocó fue la referencia que hizo Clinton al Plan Colombia, que calificó como “controversial”, pero efectivo, sugiriendo que deberían diseñarse estrategias equivalentes en México, Centroamérica y el Caribe. No es claro para qué la alusión y por qué ahora. La Iniciativa Mérida contempla un total de US$1.500 millones en ayuda a México entre 2008 y 2010, y el Congreso estadounidense acaba de aprobar US$175 millones adicionales, pero ha sido cuestionada desde varios frentes. Los republicanos la critican, en preparación para las elecciones de noviembre, por no ser más agresiva frente a la violencia generada por el narcotráfico mexicano, que amenaza la seguridad nacional estadounidense al “derramarse” por la frontera. Distintas ONG han manifestado preocupación de que es laxa a la hora de condicionar la ayuda a avances en materia de Derechos Humanos. Y hay serias dudas en ambos países de que la política esté funcionando.

En lugar de ofrecer cooperación a México en materia antinarcóticos con base en una estrategia diseñada en Washington y cuyos “éxitos” son en general cuestionables, tanto acá como allá, más pragmático —y consecuente con sus aspiraciones de liderazgo regional— sería que el presidente Santos le propusiera a su homólogo azteca la convocatoria conjunta de un debate público sobre la “guerra” contra las drogas, cuyos términos deberán ser definidos por actores distintos a EE.UU.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Arlene B. Tickner

Al rescate de la Universidad pública

Ele sim

El fantasma de la guerra contra las drogas

Improbable mas no imposible

De rodillas