Por: María Elvira Samper

Mil y una manos negras

EN ESTE PAÍS, GODO Y RETARDATARIO hasta los tuétanos, no hay una sino mil y una manos negras de ultraderecha y organizaciones criminales con oscuros pasados, negros negocios y siniestros propósitos.

Y decir, como dijo el presidente Santos, que esas fuerzas de ultraderecha son “los mayores enemigos del optimismo” es banalizar lo que está pasando a lo largo y ancho del territorio: un alarmante aumento de las amenazas y hostigamientos contra líderes y asociaciones de víctimas que reclaman la restitución de sus derechos y de sus tierras, y contra organizaciones nacionales e internacionales que apoyan y acompañan esos procesos.

Las andanada más reciente fue en Bogotá contra 23 miembros de varias organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Codhes, Fundación Social, Nuevo Arco Iris, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica, PNUD y Acnur, que el pasado 18 de junio recibieron un panfleto de Las Águilas Negras, Bloque Capital, en el que los amenazan de muerte y los conminan a abandonar la ciudad en 20 días.

En un país donde las amenazas se cumplen y en donde en los primeros cinco meses del año han sido asesinados 18 defensores de DD. HH., y 12 líderes de asociaciones de víctimas han corrido la misma suerte entre agosto y junio, el Gobierno tiene que hacer mucho más que lo viene haciendo para garantizar la protección de las víctimas y de los defensores de las víctimas. Los que están amenazados no pueden recibir respuestas como esas que las autoridades de Tuluá le han dado a la líder Irma Tulia Escobar: que cambie la chapa de la puerta, que ponga cámaras de seguridad o que se vaya de la ciudad.

Hacen falta más acciones concretas y fortalecer los programas de protección en las zonas que son más vulnerables, o porque las amenazas contra los líderes son una constante (Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Guajira, Sucre, Norte de Santander, Santander y Nariño), o porque las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos han sido aniquiladas y las que sobreviven están arrinconadas (Magdalena, Meta, Casanare y Caquetá), o porque las entidades estatales están permeadas por los grupos ilegales. Es necesario redoblar esfuerzos para impedir que se repitan historias como la de Ana Fabricia Córdoba, líder de desplazados y miembro de la Ruta Pacífica de las Mujeres, que perdió a dos de sus hijos y su propia vida por reclamar lo que era suyo y que le habían quitado a la fuerza.

Los colombianos no podemos seguir con los ojos cerrados, ni haciendo oídos sordos a los justos reclamos de las víctimas. No podemos seguir siendo indiferentes a la tragedia humanitaria que significan cuatro millones de personas desplazadas y despojadas de tierras que suman cerca de ocho millones de hectáreas. La Ley de Víctimas abre la posibilidad de darle una vuelta de tuerca a una historia de décadas de lucha por la tierra que ha dejado más de 150.000 muertos en los últimos 20 años. Es la oportunidad de dar un primer paso hacia la paz si nos alineamos del lado de los despojados, de los que solo aparecen en las primeras planas  cuando ya es demasiado tarde porque han sido asesinados. Porque la tarea no es exclusiva del Gobierno, reclama el concurso de todos para impedir que triunfen los violentos y se consolide la ultraderecha. La pregunta es si estamos dispuestos, si estamos a la altura del reto, si somos más las manos blancas que las manos negras.

 

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