Por: Augusto Trujillo Muñoz

Militares y civiles en el Estado de derecho

No es la primera vez que ocurre y, probablemente, no será la última. Pero la súbita decisión de retirar al general Gustavo Matamoros pone en la mesa unos temas sobre los cuales vale la pena reflexionar, a la luz del estado de derecho: las relaciones entre civiles y militares, la discrecionalidad frente al retiro y la misma unidad militar.

En Colombia las relaciones entre civiles y militares siguen influidas por un célebre discurso pronunciado en el teatro Patria, hace más de cincuenta años, por el ex presidente Alberto Lleras. En él se consagró una curiosa separación, de la cual el país no se repone: Los militares dejan de inmiscuirse en las cuestiones del gobierno civil, y los civiles entregan autonomía a los militares para el manejo de sus asuntos.


Lleras, en ese momento, era prisionero de la situación política y precisaba una estrategia para garantizar el tránsito de la dictadura a la civilidad. Pero, en cualquier democracia, las cuestiones militares son del resorte del gobierno civil. La dicotomía les da a los militares una connotación estamental que, en cierta forma, riñe con su condición natural de brazo armado de las instituciones del estado y de la misma sociedad civil.


Por otra parte, la facultad discrecional de los superiores para decidir el retiro de los subordinados es –debe ser- más obvia dentro de las fuerzas armadas que en la administración pública. Sin embargo en ninguno de los dos casos puede servir de patente de corso para la irresponsabilidad, el atropello o el abuso. En el pasado el país conocía las razones de los gobiernos para retirar a miembros de la cúpula militar.


No está ocurriendo así en este caso. Por eso Matamoros dice que su retiro “no es un tema cerrado”, mientras para el ministro sí lo es. Tiene razón cuando afirma que no era él como jefe del estado mayor sino el ministro, quien debía denunciar las supuestas irregularidades registradas en los medios de comunicación. Sin embargo la situación cambia cuando ya no es general en activo, sino en retiro. Ahora es un ciudadano con todos sus derechos, pero también con todas sus obligaciones.


La unidad militar es necesaria, por supuesto, pero sin perjuicio de la diversidad de criterios que puedan tener sus miembros. El mundo es plural, la sociedad es plural, los distintos órganos e instituciones del estado también lo son. Es apenas natural. Por eso, hoy, instituciones monolíticas e impermeables a la pluralidad social exigen algún grado de reingeniería. Otra cosa es que la cúpula militar tiene la responsabilidad de garantizar la unidad de mando y, precisamente, es la cúpula la que suele dividirse.


Los militares no son deliberantes pero tienen derecho a sus opiniones. No sólo los generales sino todo el cuerpo institucional, siempre y cuando se garantice la unidad de mando. Incluso podría ser conveniente que se les permitiera votar, como ocurre en algunos países desarrollados. Medidas como esa los haría más próximos a la vida cotidiana del resto de los colombianos.


Militares y civiles no pueden seguir siendo estamentos separados y distintos. Ambos deben sentirse integrados como miembros de una sociedad plural pero con esperanzas, preocupaciones y destino comunes. La integración de la sociedad le aporta sinergia. Y esa es la base de la fuerza moral, sin la cual no se legitima el estado de derecho.


*Ex senador, profesor universitario


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