Por: Salomón Kalmanovitz

Minería en Choachí

A UNOS 20 KILÓMETROS DE BOGOTÁ y en la carretera que conduce a Choachí, en la vereda de Agua Dulce, la firma Cosargos SAS está explorando para adelantar una explotación de calizas y otros materiales de construcción.

Se trata de un área geológicamente vulnerable, presa de un derrumbe hace dos años que mantuvo prácticamente incomunicado al suroriente de Cundinamarca por seis meses. Es también una zona paramuna, fuente de varias quebradas y ríos que alimentan los acueductos de la región y de la sabana de Bogotá.

La empresa Cosargos SAS es una sociedad anónima simplificada con un capital declarado de $96.800 millones que cuenta con 146 empleados, lo cual de por sí hace preguntarse cómo una operación de tal magnitud puede ser aceptada por la DIAN como simple, sin requerimientos detallados sobre su operación. Su razón social es la actividad inmobiliaria y subcontrató a la firma Perfotec para hacer la exploración en tan delicado territorio, haciendo más complejas sus operaciones que ahora incluirán provisión de arenas y otros materiales de construcción. Aparentemente, Cosargos SAS no es una empresa que tenga experiencia en minería, lo cual es un elemento de preocupación adicional, pues pretende explotar un área de gran riesgo geológico y cercana a la fábrica de agua que se condensa en sus estribaciones.

En un principio, la exploración se hizo sobre la altura de 3.000 metros, que es el límite de lo que el Ministerio de Medio Ambiente ha definido como páramo, en el cual está tajantemente prohibida toda actividad minera. Por tal razón, la empresa movió sus equipos 300 metros por debajo de esa cota y siguió sus actividades a pocos días que se le venciera su licencia. El impacto que pueda tener la explotación de arenas y calizas sobre el medio ambiente y sobre el privilegiado paisaje será devastador, en caso en que no intervenga la autoridad ambiental y la CAR para detener la destrucción de montaña.

Los vecinos de Agua Dulce y los habitantes de Choachí, Fómeque y Ubaque están muy preocupados con los riesgos asociados con la explotación minera en tan estratégico territorio. Sólo hay que contemplar lo que ha sucedido en Suesca y en Tabio, donde explotaciones similares han producido paisajes lunares y sus habitantes están padeciendo de enfermedades pulmonares crónicas por el polvillo que se produce incesantemente. En el caso de Tabio, la comunidad logró que se clausurara una de las canteras después de años de movilización que atendió tardíamente la CAR, pero la otra mina sigue causando daños y perjuicios a los pobladores. En este sentido, el Gobierno recientemente ha pretendido desatender los reclamos de las poblaciones que se ven perjudicadas por la explotación minera, al considerar exclusivamente si hay existencia de comunidades indígenas o negras y tratar al resto como invisibles.

Esto le puede parecer cómodo al Gobierno para que nada detenga la locomotora minera que se ha quedado sin vapor por la caída de sus precios en el mercado mundial y la consecuente reducción de su rentabilidad, pero es muy grave para los ciudadanos que se ven expuestos a que preciosas parcelas del paisaje y las fuentes de agua sean arrasadas por la minería a cielo abierto que devora montañas enteras para apropiar sus entrañas. Se vulneran así derechos fundamentales, como son el acceso al agua y al paisaje. Es la lucha perenne entre la privatización de los recursos naturales y su disfrute por los ciudadanos.

 

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