Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Minería: propuestas y retos

EL PLAN NACIONAL DE DESARRO LLO 2010-2014 (PND), como es habitual, se compromete a mucho y en corto plazo.

En esto se parece a planes previos. Esto no quiere decir que todo sea igual: ni la rama ejecutiva del  Gobierno es la misma, ni la sociedad es la misma. Hoy el presidente y sus técnicos son más respetuosos de la sociedad civil y sus organizaciones, y de la existencia y ejercicio de otros poderes al interior del Gobierno. La sociedad maneja modernos y ágiles sistemas de comunicación, tiene mejor acceso a la información y puede ser más propositiva. El país, en un acelerado proceso de construcción y transformación, enfrenta grandes retos. La minería es sin lugar a dudas un asunto crítico que pone en aprietos al actual gobierno; en la década pasada, sin instituciones ni criterios ambientales, con muy precaria información y gran apetito inversionista, el país se abrió a la minería.

Ser consistentes con lo expresado en el PND exige hacer una minería responsable de bajo impacto, aportar lineamientos ambientales al Plan Nacional de Ordenamiento Minero, asegurar que no se haga minería en páramos, humedales, áreas protegidas y otras áreas de especial importancia ecosistémica, evaluar los pasivos ambientales generados por las actividades minero-energéticas, y generar la compensación requerida y asegurar que el uso de las regalías genere un desarrollo sostenible. La cosa no está fácil: de 55 mil hectáreas tituladas para minería en páramos en 2002, se pasó a 122 mil en 2009. En el país, el área titulada para exploración/explotación minera pasó de 1,1 millones de hectáreas en 2002 (0,98% del territorio del país) a 8,4 millones en 2009 (7,5% del territorio). Al inicio de este gobierno, había 40 millones (36% del país) de hectáreas adicionales solicitadas para titulación y en “estudio” por el Ingeominas (el deficiente Ingeominas que todos conocemos).

Ante la crisis institucional deberíamos suspender la concesión de nuevos títulos mineros y la aprobación de licencias ambientales, hasta poner en orden la casa. La minería es una locomotora que una vez pasa, si no se hace con cuidado, destruye. Sólo como un ejemplo, hoy los productores agropecuarios se quejan de que la sísmica asociada a la exploración petrolera está profundizando el nivel freático en sus predios; esto  debe verificarse y si es el caso definir estrategias de mitigación y compensación.

Los recursos para la institucionalidad ambiental que hace seguimiento a la minería deben crecer en proporción al crecimiento en la inversión del sector minero. Éste ha crecido aceleradamente, mientras la institucionalidad ambiental se ha debilitado. Además, debemos impulsar la veeduría ciudadana y estar atentos para asegurar la efectividad en el cumplimiento de las funciones por las autoridades ambientales. El caso del páramo de Santurbán es un ejemplo de que la sociedad civil puede influir en el proceso.

La tarea no está fácil. Iniciemos cuanto antes la ejecución del PND, aplicando su Art. 202 que dice que en páramos y humedales se restringen parcial o totalmente actividades agropecuarias, de exploración de alto impacto y explotación de hidrocarburos. Declaremos una moratoria para nuevas concesiones y licencias ambientales, mientras fortalecemos técnica y financieramente a la autoridad ambiental. Un costo en el corto plazo, por importantes beneficios de largo plazo.

 

 

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