Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Minería sin instituciones

COLOMBIA PRETENDE, EN EL FUTUro inmediato, ser un país que fundamente su desarrollo en los excedentes de la minería.

Sin embargo, para que el crecimiento económico de corto plazo, basado en la extracción de los recursos mineros se transforme en desarrollo sostenible, es necesario que sus excedentes se inviertan en desarrollo de capital humano y actividades empresariales que efectivamente contribuyan a generar sostenibilidad económica, social y ambiental.

La minería por definición es una actividad insostenible, basada en la extracción de un recurso natural no renovable, que se agota. Las actividades mineras siempre significan la pérdida progresiva de un activo natural, por ello en compensación se pagan las regalías, que nada tienen que ver con las inversiones que las empresas y el Estado tienen que hacer para adelantar  una minería de bajo impacto ambiental.

Las concesiones para minería e hidrocarburos en Colombia han aumentado de manera acelerada y han desbordado la capacidad institucional de regular y supervisar esta actividad. Esto se hizo evidente con los recientes incidentes en las minas de carbón, que dejaron al descubierto que no hay seguimiento a la actividad minera y que las empresas que manejan las concesiones lo hacen a su antojo. Como mencioné en un artículo anterior, en 2002 el área titulada para exploración y explotación minera era de 1,1 millones de hectáreas, en 2009 era de 8,4 millones y al cierre del gobierno Uribe quedaron 40 millones de hectáreas adicionales en estudio por el Ingeominas. En contraste, las instituciones que en representación de los intereses nacionales tienen la responsabilidad de hacer las concesiones y el seguimiento a la actividad minera, se debilitaron y están lejos de tener capacidad para cumplir sus funciones.

El actual Plan Nacional de Desarrollo tendrá que revisar las cifras que le asigna al Sistema Nacional Ambiental (Sina), pues es urgente apoyar el desarrollo institucional si queremos una minería seria y responsable. En 1998 el Sina recibió el 0,76% del presupuesto general de la Nación y en la actual propuesta del Plan está considerado que recibirá el 0,24%. Mientras, para el cuatrienio se espera que las reservas probadas de hidrocarburos aumenten en 335%, la producción de petróleo y gas en 79%, la producción de carbón en 70% y la producción de oro en 51%. Las presiones son tan fuertes, que hace poco AVINA, una organización internacional que tiene presencia en casi toda América Latina y que está asociada al Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible creado en Suiza, realizó una invitación para crear una mesa de diálogo permanente en torno a la minería, mesa que se convocó con el nombre de Colombia minera, Colombia responsable. A la mesa asistieron representantes de empresas mineras y de ONG ambientalistas, donde se hizo evidente la diversidad de intereses y puntos de vista. La vía al desarrollo minero responsable supera la buena voluntad y debe incluir acciones vinculantes donde el papel del Estado es determinante. De esta manera, o fortalecemos la institucionalidad ambiental o tenemos la obligación de frenar la expansión minera.

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