Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Minería y Plan de Desarrollo

EN EL PLAN NACIONAL DE DESA-rrollo, la propuesta que mayor polémica genera es la de Colombia como país minero, actividad que da continuidad a la propuesta del gobierno de Uribe.

En 2002 el área titulada para exploración y explotación minera era de 1,1 millones de hectáreas (0,98% del territorio del país) y en 2009 era de 8,4 millones. Al cierre del Gobierno Uribe quedaron 40 millones de hectáreas adicionales en estudio por Ingeominas para definir si entregarlas o no en concesión. Estamos hablando del 36% de la superficie del país, el dilema es si vale o no la pena entregar el país a la minería.

Las extracciones mineras dejan en todos los casos impacto ambiental y social, y significan la extracción de un recurso natural no renovable. Por esto, toda extracción minera merma el patrimonio natural de la región y el país, por ello en compensación existen las llamadas regalías. Mediante la minería disminuimos el capital natural para tener disponibilidad de gasto e inversión de corto plazo. Si no queremos que la minería aumente el pasivo ambiental que ya ha generado, al menos el 20% del valor de las regalías debería invertirse en compensaciones ambientales.

Al PND le hacen falta indicadores para verificar si la minería contribuye a generar condiciones de desarrollo sostenible, mediante transferencias para inversiones en formación de capital humano, y financiación y apoyo técnico al desarrollo sostenible de la agricultura y la producción limpia en diversos sectores de la economía.

La minería debe supeditarse al Ordenamiento Ambiental Territorial y las concesiones mineras deben revisarse según estos criterios. No sólo la minería ilegal genera impactos ambientales, también la legal y hay áreas donde la minería debe estar vedada. Estamos viviendo el conflicto de actividades mineras en los páramos. La minería de alta montaña a cielo abierto —actividad de alto riesgo— genera altos costos sociales y ambientales. Si prospera la actividad minera de alta montaña, en pocos años otro evento invernal extremo como el actual puede causar una tragedia de dimensión aún mayor que la que hoy vivimos. Es necesario fortalecer la institucionalidad ambiental y sus recursos financieros en proporción al crecimiento de la inversión en el sector minero y energético. En los últimos años ha ocurrido lo contrario. El Presupuesto General de la Nación aportó en 1998 un 0,16% del PIB para financiar la gestión ambiental; en 2008 aportó sólo el 0,05% del PIB. El PND no presenta una estrategia para revertir esta tendencia y fortalecer financieramente la gestión ambiental.

Respecto al uso de los recursos financieros en la institucionalidad ambiental, un reto del presente gobierno es mejorar el funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, que juegan un papel central en la supervisión del impacto de la minería. Al PND también le falta un planteamiento en este sentido.

Se debe impulsar la veeduría ciudadana y nosotros, como ciudadanos, organizarnos y ejercer presión para asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones por parte de las autoridades ambientales, pues un ambiente sano es interés de toda la ciudadanía. La propuesta gubernamental y la organización ciudadana aún son débiles para enfrentar los retos propuestos.

 

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