Por: Luis I. Sandoval M.

Minga necesaria y justa

Los indígenas del Cauca acertadamente han aplicado el ancestral sentido de la minga como trabajo colectivo al moderno sentido de la acción colectiva como expresión de un movimiento social. Las palabras y las realidades que ellas expresan se recrean según las circunstancias cambiantes de los tiempos. Imaginación y creatividad es lo que las comunidades del Cauca están aplicando a la solución actual de viejos problemas.

Pero todo indica que no hay comprensión de este gobierno, como no la ha habido de los anteriores, para la justeza de los reclamos de las comunidades Nasas de Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Guambianos y Embera de Cauca y Valle. La gente indígena, campesina y afro, se moviliza porque la tierra que era toda de ellos ahora está en otras manos, y en la poca que les queda el Estado no hace presencia institucional suficiente, ni les garantiza vivir tranquilamente según sus usos y costumbres, es decir, según su cultura.

Hay gobiernos que en virtud de la presión, la toma de la vía panamericana, aceptan pactar y aun decretar en materias que demandan soluciones elementales. Es el caso de los acuerdos a que se llegó en 2014 con el gobierno Santos y que dieron lugar al decreto 1953 de ese año. Con total falta de seriedad  este gobierno llega horondamente a decir que “no tiene ni el presupuesto ni la capacidad institucional para la ejecución y, por ende, no es viable cumplir esos compromisos” (Rosanía).

El problema no es de un gobierno u otro, es un problema de acuerdos que comprometen al Estado cualquiera que sea el gobierno. La inveterada costumbre de incumplir porque “yo no pacté eso, fue el otro gobierno”, produce las diferentes oleadas de protesta social que el país conoce. No pasa solo con los indígenas, también ocurre con otras comunidades territoriales como las del Buenaventura, el Chocó o la Guajira, con sectores como los campesinos cocaleros, los maestros y los pensionados. Y pasa con las víctimas y con los insurgentes que pactaron la paz.

Un Estado que no respeta los pactos e incumple sistemáticamente no puede esperar otra cosa que inconformidad y protesta social permanente. Aquí el problema se dimensiona porque la protesta legítima es parte de la vida democrática y en Colombia hoy no se puede protestar, ni organizarse y movilizarse, ni ser líder social, ni defensor o defensora de derechos humanos, ni reclamante de tierras despojadas, ni crítico con una tragedia social y ambiental como la de Hidroituango. Asumir tales roles implica poner en riesgo no solo la tranquilidad sino la integridad y la vida misma.    

Tiende a terminarse el conflicto armado político de décadas, pero no se afianza el trámite democrático de la conflictividad social, entonces la sociedad vuelve a bloquearse y se corre el riesgo de nuevos estallidos de violencia. Este Suplicio de Sísifo tiene que terminar en Colombia. Por ello en esta columna he defendido el pacto sobre la fundamental: pacto que haga viable el país en juego de pluralidad, sin polarización y confrontación a muerte, y ello implica aceptar y prever instituciones, prácticas y cultura para que el conflicto nutra la democracia en vez de destruirla. Democracia es hoy, en el siglo XXI, el trámite pacífico de la lucha de clases (nadie se asuste, nada más elemental, beneficia a todos).

Tienen plena razón en sus reclamos y en su protesta y en su movimiento los indígenas, campesinos y afros del Cauca. El Presidente Iván Duque se equivoca si se demora en atenderlos, no puede darse por sorprendido, hace tres meses le plantearon los temas. ¿Por qué no hace como hizo frente al  movimiento de los estudiantes y las universidades: reconocerlos, dialogar con ellos, pactar lo razonable frente a reclamaciones tan rudimentarias y justas?   

@luisisandoval

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