Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Mínimos ambientales, 2015-2018

Desde el Consejo Nacional de Planeación, y con el propósito de contribuir con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND), un grupo amplio de ambientalistas presentamos propuestas que esperamos sean debidamente consideradas por el Gobierno Nacional.

El grupo, compuesto por más de 50 personas miembros de diversas ONG y exfuncionarios (ministros, viceministros, directores de institutos de investigación, directores del Inderena), enfatiza que el país vive un momento crucial en el proceso de transformación física y social asociada a la alta tasa de crecimiento económico. A la evolución positiva de algunos indicadores se contrapone un acelerado proceso de degradación y contaminación. Hoy, entidades como el Banco Mundial, la Cepal y la OCDE señalan la urgencia de una mejor y más comprensiva gestión ambiental.

Los conflictos socioambientales asociados al cambio climático se han agudizado y multiplicado (Naciones Unidas, 2014). El Banco Mundial, en sus Notas de política (2014), dice que la medida de sostenibilidad ambiental para Colombia está por debajo de los promedios regionales.

El posacuerdo y las posibilidades de intervención desde el Estado y los ciudadanos generan oportunidades y riesgos para los servicios ecosistémicos relacionados con la disponibilidad de agua para el consumo humano, la producción agropecuaria y la minería, la mejora en la calidad del aire, la protección de la infraestructura, las inundaciones, y la conservación y recuperación de ecosistemas y paisajes.

Según nuestro documento, el PND debe incluir como acciones prioritarias: definir y ejecutar una estrategia de reestructuración y fortalecimiento extraordinario del sistema nacional ambiental, lo que exige que el Presupuesto General de la Nación asignado a la gestión pública ambiental pase de 0,34% (2014) a mínimo el 1% (2018); preparar al país para hacerlo menos vulnerable ante los cambios extremos de clima asociados al cambio climático; hacer efectivo el ordenamiento territorial con criterios ambientales; usar las licencias ambientales como herramienta para la gestión del desarrollo económico y social y para la construcción de la paz en las regiones; mejorar la gestión de los efectos ambientales de la minería para evitar conflictos en zonas con potencial minero; realizar una mejor valoración económica de los servicios ecosistémicos y mejorar la gestión de conservación en los espacios públicos y privados; mejorar los instrumentos orientadores del comportamiento de los usuarios y los consumidores de bienes y servicios ambientales; desarrollar la participación activa y eficaz de las entidades territoriales, los ciudadanos y las comunidades en la toma de decisiones en asuntos ambientales y, respecto de la construcción de territorios de paz, coincidimos con NN.UU. (2014) cuando señala que es prioritario avanzar en procesos concertados de ordenamiento territorial, identificar sistemas productivos sostenibles, combinar en las unidades productivas acciones de producción y conservación, y fortalecer las autoridades ambientales.

El PND debe llevarnos a cambios estructurales. Debemos focalizarnos en el desarrollo sostenible y no en una alta tasa de crecimiento económico basada en el agotamiento de los recursos naturales y la alta contaminación. No podemos seguir haciendo más de lo mismo.

 

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