Por: Yesid Reyes Alvarado

¿Ministerio de Justicia para qué?

SEGÚN AFIRMÓ EL VICEMINISTRO de Justicia hace unos días, es inaceptable que el “exceso de garantismo” esté conduciendo a la impunidad.

No dijo qué entiende por impunidad, pero por el contexto en el que lo dijo, parece creer que es la diferencia entre el número de denuncias y el de condenas, como si una sentencia absolutoria o una preclusión equivalieran a la no aplicación de justicia. Como el funcionario se refería a un informe en el que se destacaba que un alto porcentaje de las personas capturadas en flagrancia son puestas en libertad por los jueces, se diría que confunde las detenciones preventivas con el concepto de justicia.

Tampoco dijo qué entiende por garantismo. Quizás desconoce que cuando hace varios siglos se empezó a hablar de la necesidad de brindar garantías a las personas que son acusadas de la comisión de un delito, lo que se pretendió fue establecer un catálogo de derechos fundamentales cuyo respeto debe ser garantizado a todos los ciudadanos. Para que no quede ninguna duda sobre su importancia, constituciones políticas como la colombiana dedican un capítulo a la enunciación de lo que se suele conocer con el nombre de derechos fundamentales, entre los que figura el debido proceso.

La contrapartida de esas prerrogativas es el deber que tienen los servidores públicos de garantizar el respeto a los mismos; ese es el contexto dentro del que surge la noción de garantismo. Conviene preguntarse, entonces, si tiene sentido hablar de una excesiva protección de los derechos fundamentales; si la respuesta es afirmativa, significaría que hay ocasiones en las que no hace falta que el acusado cuente con un defensor, o que a veces se puede obligar a una persona a declarar contra sí misma, o que en algunas oportunidades se puede privar de la libertad a alguien sin cumplir con las formalidades legales.

Eso es lo que explica el nacimiento de una prisión norteamericana en Guantánamo; allí se puede mantener detenida a una persona sin orden judicial de manera casi indefinida, se la puede someter a tratos que la obliguen a declarar en su contra o se le restringe su derecho a contar con un abogado. Todo eso con la finalidad de que sus derechos fundamentales no resulten “excesivamente garantizados”.

Escuchando estas declaraciones del Viceministro de Justicia se entiende mejor el apoyo del Gobierno a la penalización de la dosis personal: lo que se busca es simplemente que el derecho al libre desarrollo de la personalidad —que implica poder hacer con la propia vida todo aquello que no afecte los derechos de los demás— no resulte “excesivamente garantizado”.

Cuando se propone que los jueces de garantías sean más laxos en su labor de vigilar el respeto a los derechos fundamentales; cuando en un país donde la expectativa de vida no llega a los 70 años se afirma que imponer a una persona mayor de 18 una pena de 60 años es distinto a aplicar cadena perpetua; cuando se pretende crear tribunales mixtos para obligar a la gente a curarse de sus adicciones aun contra su voluntad, no sólo termina uno pensando que estuvo bien eliminar el Ministerio de Justicia, sino deseando que el Viceministerio también desaparezca.

 

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