Antier la administración de Joe Biden[1] anunció que apoya la suspensión de la propiedad intelectual sobre las vacunas para COVID-19, de manera que se pueda acelerar su producción. En estas columnas publicadas en Razón Pública[1 y 2], Claudia Vaca y yo explicamos por qué la propiedad intelectual es una barrera para la producción masiva de vacunas, a una escala necesaria para frenar la pandemia. También se lo explicamos al presidente Iván Duque en un Derecho de Petición que le enviamos junto a DeJusticia.
La medida, conocida como “el waiver”, se discute desde octubre del año pasado en la Organización Mundial del Comercio -OMC-, a partir de una propuesta de India y Suráfrica que pide suspender (waive) ciertas partes del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio -ADPIC- mientras dure la pandemia, para acelerar la producción de todas las tecnologías en salud necesarias para enfrentar el COVID-19; esto incluye vacunas, medicamentos, dispositivos médicos y diagnósticos. En su comunicado, USA habla solo de vacunas.
Rápidamente el mundo se alineó de manera predecible. De un lado los países desarrollados, que acumularon vacunas más allá de sus necesidades y que protegen los ingresos de las industrias que las veden porque están en sus territorios. Muchas de las vacunas no habrían podido desarrollarse a la velocidad que lo hicieron, sin la gran cantidad de dineros públicos que países como USA, Alemania, Inglaterra, China, Rusia y también la Unión Europea inyectaron a sus universidades, centros de investigación y empresas multinacionales. Del otro se alinearon los países pobres, muchos de los cuales, si las cosas siguen como van, no verán aplicar la primera dosis en su territorio hasta el año 2023. Más de 100 países miembros de la OMC, que tiene 164, apoyan la medida. Sin embargo, las decisiones en esa organización se toman por consenso.
El anuncio de USA cambia completamente este panorama y da un nuevo aire a la discusión que no parecía avanzar hacia ningún lado. Antes de ver qué ha pasado de ayer a hoy y cómo las fuerzas se han realineado, veamos cómo ha jugado Colombia este partido que se acaba de poner interesante.
La postura sorda del gobierno colombiano
Desde muy temprano en la pandemia, antes de que esta discusión iniciara en la OMC, cientos de organizaciones académicas y de la sociedad que trabajamos en políticas de salud, farmacéutica y por el acceso a medicamentos, así como varios exministros de Salud, teníamos claro que la propiedad intelectual debía gestionarse para contrarrestar la escasez global de tecnologías en salud para enfrentar el COVID-19, que era predecible desde principios del año pasado. Se lo pedimos de manera formal e informal en documentos de política pública, cartas abiertas, conversaciones y reuniones con funcionarios de varias entidades.
El Ministerio de Salud, que es la entidad más sensible a estos asuntos y cuyo rol es proteger la salud por encima de otras consideraciones como la inversión extranjera, la seguridad jurídica o el mercado, tímidamente incluyó una disposición en uno de los decretos expedidos en el marco de la emergencia sanitaria. En el artículo 1.7 del Decreto 476 de 2020, declaró de interés público todas las tecnologías en salud necesarias para enfrentar el COVID. Esa declaratoria de interés público es el primer paso para que el gobierno pueda permitir la producción de tecnologías genéricas patentadas, sin la autorización del dueño de la patente (figura conocida como licencia obligatoria). Ese decreto fue declarado inconstitucional por la Corte por errores en el procedimiento para su expedición. La redacción inicial propuesta por el Ministerio era mucho más ambiciosa, pero en las negociaciones internas del gobierno, su alcance se redujo considerablemente pues funcionarios de otras entidades no consideraron prudente “meterse con ese tema”.
Los temas de propiedad intelectual siempre han dividido al gobierno. Por un lado, están los funcionarios del sector salud y por el otro los del sector comercio, quienes por lo general tienen posturas opuestas sobre un mismo tema. El consenso siempre ha sido difícil de alcanzar e implica largas y desgastantes negociaciones.
El Ministerio de Salud, cuya capacidad fue consumida completamente por los incendios y urgencias que implica manejar una pandemia, fue perdiendo el interés en el debate. Adicionalmente, dentro de sus directores y asesores, no hay expertos en propiedad intelectual. El Ministerio se concentró en ver cómo compraba vacunas y en mantener las buenas relaciones con los productores y acceder a sus demandas para que, por el amor de Dios, se las vendieran en medio de una rapiña global. También tuvo una fe excesiva en la buena voluntad de las empresas productoras quienes, con tal de mantener el monopolio, hicieron falsas promesas de su capacidad para suplir a tiempo la demanda. El Ministerio pareció conformarse con firmar contratos de compra anticipada de las dosis requeridas y no le pareció importante participar activamente de las iniciativas globales, como el C-TAP, que desde comienzos del año pasado buscan aumentar la capacidad mundial de producción de vacunas. Todo esto porque, gracias a sus buenas gestiones, Colombia ya tenía aseguradas su dosis, así que la escasez pasó a ser un problema de otros.
También se pregunta uno si el desdén del Ministerio de Salud por este tema es una postura deliberada, consecuencia de las negociaciones secretas con las farmacéuticas, quienes al tener el blindaje jurídico de los acuerdos de confidencialidad hicieron exigencias abusivas, entre las cuales podría estar prohibir al país apoyar el waiver. Sí es muy curioso que el Ministerio de Salud jamás haya condenado o reclamado públicamente a las empresas por los retrasos en las entregas de vacunas. Por el contrario, parece justificarlas o excusarlas.
En este contexto, se inició en octubre el debate en la OMC. Es importante aclarar que el embajador de Colombia ante la OMC, es decir quien tiene la vocería en las reuniones en Ginebra, es un funcionario del Ministerio de Comercio, no de la Cancillería. Su rol no es defender la salud pública. La mezcla entre estos dos factores (minsalud desinteresado y un vocero cuyo rol no es defender la salud) ha sido nefasta. Nos trajo a este punto de vergüenza histórica, en el que primero se solidarizó USA con las necesidades de los pobres que Colombia. Un país que, aunque no les guste a unos funcionarios snobs del gobierno, es del sur global y además cada vez más pobre por efecto de la pandemia.
Al principio del debate, Colombia estuvo callada. Aunque muchos hubiéramos deseado que expresara su apoyo con firmeza y de hecho así se lo pedimos al gobierno desde distintos sectores, incluido el Congreso, el silencio no era una mala opción. En los foros multilaterales, donde las decisiones se adoptan por consenso, la toma de decisiones se da por defecto como si la regla fuera “el que calla otorga”. Cuando una propuesta se pone a consideración del foro, se entiende aprobada si nadie se opone. No es que haya una ronda de votación donde cada país vota en favor o en contra. Por lo general los países piden la palabra para expresar su apoyo, o su apoyo condicionado a algún cambio en el texto propuesto. No es tan común que los países que rechazan la propuesta digan abiertamente, siempre tratan de usar un lenguaje constructivo. Son las formas de la diplomacia. Si un país no está de acuerdo usa eufemismos como “la propuesta merece ser considerada, sin embargo nos preocupa X o Y. Trabajaremos para construir un consenso” o “necesitamos más debate, más información, más tiempo para consultar pero todavía no estamos listos para tomar postura”.
Hacia finales del año pasado y principios de este, Colombia empezó intervenir y participar activamente usando esta estrategia. El embajador Santiago Wills lo dio a conocer en una ronda de medios en marzo. Eso significó un retroceso frente al silencio inicial, sobre todo porque a esas alturas de debate cuando ya la alineación estaba clara, pedir más tiempo para seguir estudiando el tema en realidad significaba claramente bloquear la iniciativa y el avance hacia una negociación de un texto concreto.
EE. UU. nunca ha sido progresista en sus posturas sobre propiedad intelectual, ni siquiera con Barak Obama. Cuando el gobierno de Juan Manuel Santos quiso expedir una licencia obligatoria para el medicamento Glivec, siendo Joe Biden vicepresidente, EE. UU. desató toda su fuerza diplomática para impedirlo. Así que la posesión de éste como presidente no produjo mucha esperanza en el movimiento por el acceso a vacunas y no era realista esperar que ese país apoyara el waiver.
Paralelamente, los países que habían asegurado sus dosis mediante compras anticipadas, entre los que se encuentra Colombia, se dieron cuenta de que la promesa de tener suficiente capacidad de abastecimiento hecha por las farmacéuticas era falsa y que sobrevendieron. Ante la situación, hemos visto a los países más liberales tomar medidas impensables hace un año: control a las exportaciones, decomiso de dosis, guerra comercial por las materias primas.
Por fin se dieron cuenta de que es imperativo tomar todas las medidas posibles para aumentar la producción global de vacunas y remover cualquier obstáculo legal. Esto parece reflejarse en un viraje sutil en su postura frente al waiver, pues en las últimas reuniones de la OMC, volvió a guardar silencio. Todo indica a que se debe a una solicitud firme por parte de los técnicos del Ministerio de Salud al Ministerio de Comercio. El primero le pidió reevaluar la postura y solo hablar si es para apoyar firmemente la propuesta. Puede haber influido el hecho de que el Min. Salud experimentó en carne propia el incumplimiento en entregas de dosis por parte de las farmacéuticas, es el que tiene que lidiar con la insuficiencia de vacunas y responder ante la opinión pública por esta situación.
Colombia sigue muda
EE. UU. cambió radicalmente su posición y desencadenó un efecto dominó. La Unión Europea, que era junto a EE. UU. el otro gran opositor del waiver; hoy se mostró dispuesta y abierta a negociar. Hay también división al interior de la Unión Europea: España, Bélgica y Francia ya se pronunciaron a favor de la medida, pero Alemania se opone. Suiza, otro de los recalcitrantes opositores, dijo estar dispuesto evaluar una nueva propuesta. Por su parte, Canadá y Rusia expresaron estar a favor.
Otra gran sorpresa que nos trajo el cambio de postura de EE. UU. es el pronunciamiento de Gates Foundation, que siempre ha sido una organización defensora a ultranza de la propiedad intelectual. Hoy publicó un comunicado de prensa en el que anuncia que apoya un “waiver acotado” (“narrow waiver”) porque considera que no debe existir ninguna barrera para el acceso equitativo a las vacunas, incluida la propiedad intelectual.
En la región, Brasil y Chile que se cuentan entre los opositores del waiver, hoy salieron a hablar. Brasil dijo que iba a “actualizar” su postura y el subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería chilena trinó lo siguiente: “Buscaremos trabajar junto a EE. UU. y todos los miembros de la OMC para aumentar la producción y acceso a vacunas contra COVID 19. Para el escalamiento de la producción, la decidida colaboración de la industria farmacéutica será fundamental”. La postura parece mantenerse, pero al menos hay algún pronunciamiento.
Hasta que terminamos de escribir esta columna, ningún funcionario del gobierno colombiano se había pronunciado. Estamos seguras de que están en discusiones internas, siguiendo la eterna división entre el sector salud y el sector comercio. Estamos también seguras de que el temor a posibles represalias por parte de alguna de las farmacéuticas que nos vendieron las vacunas, pero que todavía no nos las han entregado en su totalidad, es un fantasma que ronda los debates.
Señor ministro, Fernando Ruiz, usted es el encargado de defender la salud pública, es quien tienen que lidiar con la escasez de vacunas y poner la cara ante los incumplimientos de las empresa. El presidente Duque lo oye y lo respeta. Usted ha sido el protagonista del manejo de la pandemia. Es hora de que retome las riendas del tema de propiedad intelectual y que le exija al Ministerio de Comercio y al resto del gobierno que lo apoyen a usted y al waiver. Adicionalmente, señor ministro, en momentos tan complejos, la sola señal de respaldo a los países del sur es ya un paso valioso en la reconstrucción de las capacidades de producción pérdidas. Un gran número de organizaciones de la sociedad civil y académicas lo respaldarán. No permita que se generen más razones para el descontento social que hoy tiene al país.
* Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder. Universidad Nacional de Colombia