Por: Eduardo Barajas Sandoval

Ministros a responder

Como inspiradores y conductores supremos de políticas y acciones del Estado, los ministros no pueden desentenderse de las causas judiciales que sobrevengan.

Mal pueden quedarse callados y salir por ahí con el peregrino argumento de que ellos no fueron ejecutores directos de programas que se inventaron. Y mal puede serles indiferente el destino de quienes cumplieron sus órdenes, que por lo general fue en su momento personal de su confianza. Antes de que los llamen, deberían estar atentos y ayudar a responder. Si nada temen, se deben ocupar de rendir cuentas a tiempo. Nada de maniobras leguleyas para salvar el pellejo. Su responsabilidad pública no terminó el día que salieron del cargo. La ciudadanía debe sancionarlos socialmente si se convierten en evasores.


Después de la caía del gobierno egipcio, lo que reclaman ahora los ciudadanos es que se llame a cuentas a los más altos responsables de hechos indebidos que a lo largo de muchos años se cometieron impunemente, y que son precisamente los que desatan la cadena interminable de la corrupción, hasta llegar a los vericuetos más recónditos del Estado y de la sociedad. El gobierno provisional, que se espera lleve al país hacia elecciones abiertas y libres durante este año, no ha tenido alternativa ante el empuje de una corriente de acción ciudadana que ya ha demostrado hasta dónde puede llegar. A pesar de estar conformado por antiguos funcionarios, jefes militares, del depuesto Hosni Mubarak, el grupo dirigido por Mohamed Hussein Tantawi ha decidido atender el clamor popular y facilitado la detención de varios ministros del antiguo régimen, a quienes se considera inspiradores de políticas cuestionables por los movimientos ciudadanos que reclaman un proceso inmediato de democratización.


La famosa prisión de Tora, que a lo largo de tres décadas vio ingresar a miles de oponentes para ser interrogados como posibles enemigos de la seguridad pública, tiene ahora como huéspedes a varios de los antiguos ministros del régimen derribado a principios de 2011. Nada mejor recibido por millones de ciudadanos que por tanto tiempo tuvieron que callar ante la arbitrariedad. Y nada más sano para un país en el que siempre se supo que la justicia no llegaba a tocar a personas de tan alto nivel, porque se consideraban, injustamente, protegidas por su condición. A Tora llegó Amín Abaza, anterior Ministro de Agricultura, y deberá responder por cambios indebidos en la destinación de ciertas tierras, junto con Ahmed Nazif, antiguo Primer Ministro. Quien, por su parte tiene un prontuario adicional. Ahmed Ezz, un hombre de negocios convertido en político, por haber aparentemente borrado las fronteras entre los sectores público y privado. Y Safwat el Sherif, el famoso directivo del Partido Democrático Nacional, de Mubarak, cuya reacción ante los aplastantes triunfos de casi un ciento por ciento de los votos a favor de esa organización política era la de satisfacción ante demostraciones democráticas tan vigorosas.


Los nuevos presos se suman a otros personajes que deben responder por políticas inadecuadas y por abusos cometidos a lo largo de años bajo la sombrilla protectora de un presidente al que ayudaron a endiosar y de cuyo poder excesivo sacaron al parecer provecho. Allí están ya recluidos nada menos que Gamal y Alaa Mubarak, los hijos de Mubarak. Su condición privilegiada y sus abusos durante el gobierno de su padre fueron legendarios. Y uno de ellos, Gamal, esperó hasta última hora la posibilidad de ser nada menos que el heredero del poder. Se enriqueció la familia? Los ciudadanos deben saberlo y los investigadores y jueces han de establecerlo, porque nada le puede dar derecho a hacer negocios y a enriquecerse a los miembros de una familia presidencial, cuya vocación, bajo el liderazgo de uno de sus miembros, debe ser exclusivamente la de servir.


Mubarak también está detenido. En cama. Luego de un ataque cardíaco que le asaltó en el tranquilo balneario de Sharm el Sheik, sobre el Mar Rojo, aparentemente a trasmano de la ebullición política de El Cairo. Y debe prepararse para responder. Porque nadie puede gobernar durante tres décadas, dejando una lista larguísima de damnificados y una triste historia de violaciones de los derechos humanos, y luego irse a descansar como si su paso por el poder hubiese sido inocuo. Los gritos de la Plaza Tahrir, que piden sea juzgado, no son unánimes, porque ciertos sectores insisten en reconocer los beneficios de su gobierno y creen que no debe ser llamado a cuentas. A lo que hay que sumar fuertes jugadas diplomáticas se hacen desde regímenes tradicionales del mundo árabe, y desde otros centros interesados, tratando de evitar que sea llevado ante los tribunales. Pero, después de todo, si nada teme, la oportunidad sería muy buena para que pudiera explicar lo que, desde la cumbre, hizo o dejó de hacer.


El solo hecho de que ministros del anterior gobierno, reconocidos por sus abusos, y miembros de una familia hasta hace poco todopoderosa, estén consignados en celdas de seguridad, destinadas antes a sus oponentes, marca una ruptura con el pasado y permite pensar en el chance de la llegada de una nueva era para Egipto. No de venganza sino de justicia. Porque lo que reclaman a gritos ahora, para que el país pueda enderezar el curso de su historia, desarrollar sus enormes potencialidades y seguir siendo fundamental en el mundo árabe, pieza esencial del equilibrio político del Medio Oriente y clave de la armonía con el mundo occidental, es que se haga justicia. Eso es todo. Y es lo mínimo que sus ciudadanos pueden pedir, si quieren avanzar en el camino hacia un Estado de Derecho.
 

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