Por: Claudia Morales

#MisAccionesYMiVozConSalento

Me niego a reconocer como una realidad inmodificable la etiqueta #HastaAhíLlegóSalento, que fue tendencia en Twitter esta semana. De todos los ciudadanos, sin importar en qué región nacimos ni por quién votamos, depende la defensa y protección de un patrimonio natural como lo es el municipio de Salento, en el departamento del Quindío.

¿Qué fue lo que pasó? El Tribunal Administrativo del Quindío dio a conocer la Sentencia 108 de 2019 en la que declaró “la invalidez del Acuerdo 1 del 27 de febrero por el cual se dictan unas medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento”. El Acuerdo había sido aprobado por el Concejo de ese territorio con el fin de atajar la explotación minera a gran escala.

Esto ocurrió porque el gobernador del Quindío, Carlos Osorio, le pidió al Tribunal no la revisión, sino “declarar la invalidez” de lo acordado por el Concejo de Salento, tal y como dice el texto de la Sentencia 108. Según el funcionario, el Acuerdo 1 quebranta diversas normas, entre ellas la Sentencia 095 de 2018 de la Corte Constitucional, que reza que corporaciones como el Concejo Municipal “no tienen la facultad para prohibir actividades mineras en su territorio, ya que el subsuelo y los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado y no a las entidades territoriales”.

Pero, en contravía de los argumentos del gobernador, amparados en lo expuesto por la Corte, el Consejo de Estado, en sentencia del 4 de octubre de 2018 (Ref. Acción de tutela. Rad. 11001-03-15-000-201800083-01), consideró que los concejos municipales sí tienen competencia para prohibir la actividad minera. Más contundente aún es el artículo segundo de la Constitución Política: “Son fines esenciales del Estado… facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”, y el artículo tercero: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Por espacio no cito otras normas de orden nacional sobre la obligación y el derecho de proteger el medio ambiente.

La suerte de Salento —por ahora— quedó resuelta en el marco de la sentencia de la Corte Constitucional mencionada que, valga decir, surgió luego de resolver una tutela de la empresa minera Mansarovar Energy Colombia, con lo cual dicho tribunal cambió toda la jurisprudencia que hasta 2018 existía en relación con la participación ciudadana en temas de explotación minera.

Néstor Ocampo, director de la Fundación Ecológica Cosmos, opina para esta columna que los gobiernos quieren que Colombia “sea una bodega de recursos para satisfacer la demanda de una sociedad consumista”. Tiene razón. Es más, en el 2008, él y otros expertos descubrieron que el 61 % del territorio del Quindío estaba comprometido con proyectos de explotación minera. El asunto no es estar en contra del desarrollo, sino qué es lo que hace el desarrollo en beneficio de las comunidades o en detrimento de ellas.

Si llega la minería a gran escala a Salento, se acabará el río Quindío que nutre varias áreas rurales y los acueductos de Armenia, Circasia y La Tebaida. Destrozaría una parte importante del valle de Cocora con sus palmas de cera; originaría la migración, si no la muerte, del águila crestada, el loro orejiamarillo y el cóndor de los Andes, entre miles de especies que conforman la biodiversidad de esa tierra.

Entonces, dejemos el lamento de los perdedores y actuemos como seguros vencedores. Yo no soy del Quindío, soy colombiana, me duelen sus territorios y propongo mejor decir: #MisAccionesYMiVozConSalento.

@ClaMoralesM

* Periodista. 

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2019-06-07T00:00:51-05:00

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2019-06-07T00:15:01-05:00

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