Por: Cecilia Orozco Tascón

Misión cumplida: la paz en trizas

El cianuro que el presidente Duque le dio, en botella de agua saborizada que el fiscal Martínez le proporcionó, al Acuerdo de Paz cuando anunció, el domingo pasado, que no firmaría la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP), está haciendo el efecto tóxico mortal que ambos pretendieron siempre, aunque el primero nos hubiera entregado el veneno en paquete bonito, de fingida amabilidad: no solo le dieron un golpe de Estado a la Corte Constitucional porque las modificaciones que propone el presidente cuestionan la autoridad de cierre jurídico que esa corporación tiene, sino que puso al Congreso y, con este, al país, ante el falso dilema de discutir las objeciones por él presentadas. No es así: el Legislativo aprueba o aprueba lo que Duque quiere. De lo contrario, caerá toda la ley y con esta, la JEP; y con esta, el Acuerdo de Paz, su verdadero blanco de guerra.

Artículo 200 de la Ley 5° de 1992 en la cual se expide el reglamento del Congreso de la República: “Discrepancias entre las Cámaras (Senado y C. de Representantes). Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto”. Estas tres líneas significan que si —como se dice en los corrillos del Capitolio— el uribismo-martinizmo tiene mayoría en el Senado, y este aprueba lo que al Gobierno le dé la gana, pero no cuenta con tanta docilidad en la Cámara, “se archivará el proyecto”. O sea, si uno de los dos cuerpos legislativos se atreve a desafiar la voluntad del presidente e intenta preservar la sentencia original de la Corte sobre la ley estatutaria, esta desaparece, enterita. Visto desde el ángulo real: para evitar el desplome de la ley estatutaria de la justicia, la única opción que existe es la de aceptar las objeciones presidenciales.

El plan envenenado, por si las moscas, viene con doble dosis en el mismo paquete: el Gobierno presentará, también, una reforma constitucional contra el Acto Legislativo 01 de 2017, ni más ni menos, aquel en que se encuentran “las normas para la terminación del conflicto armado” y en que se da soporte constitucional al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. El cianuro en su esencia: el poder Ejecutivo, en manos de Duque, fusionado con el Legislativo en un único cuerpo dominado por Uribe, someten a su voluntad política al poder Judicial con el apoyo ladino del traidor a la rama: Martínez Neira.

Fernando Londoño estará cantando su triunfo, como le corresponde. Él anunció sus propósitos, estos propósitos que hoy se materializan, con suficiente antelación como no lo hizo ninguno de sus copartidarios mentirosos que se dan sus mañas de democracia para conquistar votos, pese a que lo suyo sea el ojo por ojo y el diente por diente. Londoño va de frente porque su soberbia, que lo hace verse como una especie de dios a cuyos pies estamos los plebeyos colombianos, lo incita a revelar sus odios sin velos fingidos. Él tendrá, sí señor, las pruebas para cobrar lo que exigió en una iglesia cristiana durante una reunión del ultraderechismo colombiano, en mayo de 2017 (ver), cuando esa agrupación apenas aspiraba a reconquistar el gobierno que nos devolvería a las cavernas. Estas fueron sus palabras: “Este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias más o menos fortuitas, pero políticamente es todo, menos de centro. Este es un partido de derecha (aplausos). Yo me declaro, sin ninguna vergüenza, de derecha”. Luego añadió su perla madre: “El primer desafío del Centro Democrático (cuando retorne a la Casa de Nariño) será volver trizas ese maldito papel (gesto de romper lo que tiene en la mano) que llaman el Acuerdo Final con las Farc”. Duque, un blando del uribismo que Londoño ha criticado ácidamente, se ha hecho perdonar. Falta la celebración.

 

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