Por: Mauricio Botero Caicedo

Mitos y realidades de la Carta del 91

MITO: LA CONSTITUCIÓN DEL 91 convirtió a Colombia en un "Estado Social de Derecho".

Realidad: Al haber tenido la sociedad colombiana un Estado Constitucional y unas leyes desde el siglo XIX, es una simpleza afirmar que sólo a partir del 1991 Colombia pasó a ser un “Estado Social de Derecho”. La misma definición de “Estado Social de Derecho” es un pleonasmo y lo “Social” es un moquete que puede significar mucho o nada. No hay que olvidar la sentencia de Gómez Dávila: “Cuando definen la propiedad como función social, la confiscación se avecina; cuando definen el trabajo como función social, la esclavitud se acerca”.

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Mito: El Artículo 13 es la pieza fundamental de la Constitución del 91, donde todos los colombianos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes.

Realidad: Gran parte del gasto social ordenado en la Constitución del 91, en lugar de ser teledirigido a combatir la pobreza, va a parar a las clases más pudientes. La población que goza del 20% de mayores ingresos se queda con 48,8% de todos los subsidios, y el 20% más pobre termina recibiendo sólo el 13,7%.

Mito: La tutela es una herramienta que —sin necesidad de acudir a un abogado— los ciudadanos tenemos para reclamar ante los jueces la protección inmediata de nuestros derechos fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados.

Realidad: La tutela se ha vuelto un instrumento en que jueces no especializados toman decisiones que los médicos, o la administración de la salud, deberían tomar. El 97,1% de las tutelas por servicios de salud, que a su vez son el 31,91% de todas las tutelas, son reclamos ya incluidos en el plan de salud. A lo que no hay derecho, en un país en que la justicia ordinaria tarda hasta un lustro en fallar, es a que los jueces dediquen su tiempo a asuntos de orden administrativo. La justicia demorada es justicia denegada.

Mito: La Constitución garantizó la independencia del Poder Judicial.

Realidad: El Consejo de la Judicatura, creación de la Constitución del 91, decidió que una de sus salas fuera nombrada por el Congreso de la República, conectando de esa forma al poder político con el Poder Judicial, que antes estaban separados. Este maridaje entre magistrados y manzanillos ha conllevado a una corrupción y a una politiquería sin precedentes.

Mito: La descentralización de los departamentos y de los municipios ha sido una bendición para la democracia.

Realidad: Según palabras del constituyente Jaime Castro: “Los departamentos, y sobre todo los municipios, cayeron en manos de las mafias políticas. La descentralización se volvió sinónimo de corrupción, de malos manejos, de politiquería, de clientelismo. Eso necesita un sacudón y hay que hacerlo en la Constitución”. La Carta tampoco eliminó el monopolio departamental del alcohol, fuente atávica de corrupción que hace de Colombia posiblemente el único “Estado cantinero” en el mundo.

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Mito: Ninguno de los constituyentes se negó a firmar la Carta.

Realidad: El reconocido periodista, político e intelectual Alberto Zalamea se negó a firmar el texto final de la carta porque, según él, todo había sido una búsqueda mediocre de solución a los problemas del país y porque “la Constitución del 91 no iba a cambiar al pueblo”. (Semana, julio 11/11). La valiente posición de Zalamea recuerda otro de los escolios del ya citado Nicolás Gómez Dávila: “Reformar la sociedad por medio de leyes es el sueño del ciudadano incauto y el preámbulo discreto de toda tiranía. La ley es forma jurídica de la costumbre o atropello a la libertad”.

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