Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Mocoa, lecciones y responsabilidad comunitaria y gubernamental

Después de analizar lo ocurrido en Mocoa, es claro que no solo las instituciones y las autoridades locales, regionales y nacionales deben cambiar y asumir su responsabilidad para hacer efectiva la legislación ambiental: las comunidades y las organizaciones sociales también debemos cambiar de actitud si queremos disminuir la frecuencia y magnitud de estos desastres.

La ubicación y el crecimiento poblacional de Mocoa comparten criterios de ubicación y dinámica de crecimiento con muchos poblados a lo largo y ancho del país. En Mocoa, el caso más ilustrativo tiene relación con la dinámica de poblamiento de la llamada urbanización Sinaí, ubicada sobre el lecho del rio Mocoa, que fue autorizada en 1994 por la oficina de planeación de Mocoa. En el año 1996, ante la solicitud de licencias de construcción y solicitudes de regularización de servicios públicos, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) negó estas solicitudes por el alto riesgo asociado a su ubicación. La comunidad, indignada, presentó una tutela demandando su derecho a la vivienda. En primera instancia el juez la negó. La Alcaldía impugnó el fallo del juez. Esto llegó hasta la Corte Constitucional y el magistrado José Gregorio Hernández, según sentencia T-417, ratificó la decisión del juez que había negado la tutela. La Corte ejerció como autoridad ambiental y la gente salió y se ubicó en otros lugares, ocupando, entre otras, el área del barrio San Miguel.

En el año 2000 la Junta de Vivienda del barrio San Miguel interpuso una tutela, argumentando el derecho a la vivienda, y de nuevo el juez la negó. Esto generó varios plantones enfrente de Corpoamazonia por tener un concepto negativo respecto al desarrollo del asentamiento en esta zona. Fue a partir de ese momento que los políticos locales tomaron las riendas y enarbolaron las banderas de la población, prometiendo la legalización y servicios públicos en viviendas ubicadas en diversas zonas de riesgo. Politiquería barata e irresponsable. Esta acción de los políticos no extraña, pues con los votos de uno de estos asentamientos puede elegirse un concejal e incluso un alcalde.

Tenemos que identificar las lecciones aprendidas y tomar acciones que nos permitan disminuir la ocurrencia de este tipo de desastres, que lo único que tienen de natural es que responden a nuestra historia política, social y económica; a la forma tradicional como políticos, instituciones, autoridades públicas y comunidades nos hemos relacionado con el ambiente.

En la zona tropical, las lluvias intensas y localizadas están previstas y está comprobado que cada día serán más recurrentes. Los climas extremos asociados el cambio climático obligan a tomar acciones efectivas y eficientes.

Debemos tomar medidas desde una perspectiva de Nación. Los políticos que busquen votos aprovechándose de la vulnerabilidad de los más pobres deben ir a la cárcel. Los funcionarios de entes ambientales gubernamentales que no ejerzan su autoridad y permitan que los esquemas y planes de ordenamiento territorial sean inadecuados o irrespetados deben ser destituidos. Las comunidades deben presionar por su derecho a la vivienda fuera de zonas de alto riesgo. El Gobierno Nacional debe generar un desarrollo más equitativo y sostenible.

Si queremos construir un país en paz, tenemos que cambiar de actitud.

 

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