Por: Alvaro Forero Tascón

Modelo institucional vs. modelo económico

EL MODELO INSTITUCIONAL COLOMbiano es de centro izquierda, mientras que el modelo económico es de centro derecha.

Eso explica la confusión que genera las críticas que se le están haciendo a la Constitución del 91 por ser supuestamente neoliberal, a pesar de que consagró la figura de la expropiación sin indemnización, así como las que se le han hecho reiteradamente desde la derecha por permitir el entrometimiento de la justicia en materias económicas a favor de los derechos de los ciudadanos.

Los dos modelos son diferentes porque son fruto de acuerdos políticos distintos. La Constitución, más que una de las más consensuales de la historia colombiana, es la única que incluyó una representación significativa de fuerzas de izquierda. Por las especiales circunstancias de la coyuntura política, la elección de la Constituyente no estuvo dominada por el clientelismo tradicional, al punto que los constituyentes terminaron revocando el mandato de los partidos tradicionales en el Congreso. Pero además se dio durante un gobierno reformista, el de César Gaviria, que propuso algunas de las iniciativas constitucionales más progresistas en materia de derechos, de descentralización, de limitación del poder excepcional del gobierno, la tutela, entre otros. Por el contrario, el modelo económico lo definen las mayorías en el Legislativo y el Ejecutivo, que durante casi la mitad de la vigencia de la nueva Constitución han estado más a la derecha de la línea tradicional del bipartidismo en materia económica.

Pero a pesar de que la Constitución no es responsable por el modelo económico, no ha sido letra muerta en materia de defensa de derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Las sentencias de la Corte Constitucional sobre atención a la población desplazada, sobre servicio de salud, así como algunas declaratorias de inexequibilidad de leyes por aspectos formales, han sobrepuesto el modelo institucional sobre el económico, al punto que este gobierno recurrió a tramitar una ley de sostenibilidad fiscal para tratar de ponerles límites a los jueces constitucionales en materia presupuestal. La Constitución del 91 no sólo es joven, sino que ha regido durante un periodo difícil de criminalidad y violencia, que no es su consecuencia, y que ha privilegiado las vías de hecho sobre las de derecho.

Esta contradicción no es nueva, forma parte de la tradición liberal que dominó la política colombiana de la segunda mitad del siglo pasado. Y refleja la multiplicidad política de la Unidad Nacional. Tampoco es exclusiva. Nuestra arquitectura constitucional actual tiene rasgos similares a las de países avanzados, cuyos gobiernos de derecha conviven durante periodos con constituciones que respetan por considerarlas conquistas sociales propias de su modernización, y no como anatemas ideológicos. Por otra parte, la globalización homogeniza cada vez más los modelos económicos de los países, generando casos agudos de contradicciones entre los modelos institucionales y económicos como los de China o Vietnam. En pocas zonas del mundo se está llevando a cabo una discusión tan ideologizada sobre el papel del Estado, como la que está sucediendo en los países andinos hoy, y de la cual Colombia es la excepción.

 

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