Por: Tulio Elí Chinchilla

Modernas inquisiciones

Como fundamento fáctico de la prohibición y sanción del consumo de dosis personal de “drogas ilícitas”, el Proyecto de Acto Legislativo N. 285 de 2009-Cámara invoca el incremento del uso de tales sustancias durante el año 2008.

Así, según la estadística citada en la exposición de motivos del Proyecto, el 2.7 de los encuestados “reconoce” haber usado alguna de tales sustancias alguna vez durante el último año; y el 9.1 de la población dice haberlas consumido alguna vez en su vida. Argumento que quita sustentación sólida a la propuesta de reforma constitucional en curso.

¿Podrá inferirse de tales estadísticas un problema de salud pública de tanta gravedad –endemia o epidemia- como para justificar una reforma a la Carta fundamental? ¿Ofrecen tales datos una razón tan imperiosa que aconseje movilizar el poder constituyente para desmontar la postura liberal de la Sentencia C-221 de 1994 que declaró ilegítimo penalizar las conductas que sólo repercuten sobre quien las realiza, no a terceros (conductas “autoreferentes”)?

Como avance civilizador en la imposición de límites al poder del Estado, desde las elaboraciones de John Stuart Mill a mediados del Siglo XIX, se han venido reconociendo ámbitos de comportamiento individual en los que el sujeto autónomo debe reinar como otrora el monarca, sin que ninguna instancia social o estatal pueda imponer preferencias o descalificar otras (“debajo de mi manto, al rey mato” decían los españoles). Por ello, resulta estigmatizador ordenar –como lo propone el Gobierno- la adopción de “medidas con carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico para quienes consuman dichas sustancias”, medidas que “podrán estar acompañadas de limitaciones temporales al derecho a la libertad”.

Que el 91% de la población considere el uso de la cocaína como de alto riesgo para la salud y el 82% lo considera así respecto al uso de marihuana –datos del Proyecto-, no valida éticamente el linchamiento simbólico colectivo o el extrañamiento -como leprosos- de quienes sólo ejercen el derecho de buscar sus propias fórmulas de felicidad. Activar la potestad constituyente para endilgarles simbólicamente la condición de anormales, sospechosos, peligrosos o indeseables estimula la persecución colectiva de demonios, espíritus perversos y posesos y dirige contra ellos la furia de una masa prejuiciosa, sin debate racional. Ya la emprenderán también contra fumadores de tabaco, punkeros, etc. 

Es válido y respetable que los padres prefieran y enseñen a sus hijos a no necesitar ninguna sustancia química para lograr estados maravillosos de éxtasis o de euforia vital (la Ley 745 les sirve de ayuda). Pero este es sólo uno de varios modelos de vida buena posibles, no el único en una sociedad pluralista.

Respecto a los “consumidores dependientes”, una postura solidaria y humana –cristiana para los creyentes- brindará ayuda comprensiva a quienes, como condición extrema, ya no les es atribuible una “personalidad libre”. Bastaría, entonces, una reglamentación administrativa de políticas públicas que garantice a ellos y a sus familias tratamientos voluntarios que hoy resultan muy costosos y excluyentes para la mayoría de la población.

 

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