Por: Ana Milena Muñoz de Gaviria

Molestias

LA CORTE SE PRONUNCIÓ  Y, DE nuevo, el Presidente se molestó.  Esta vez fue porque la Corte declaró a Yidis Medina culpable del delito de cohecho y, por lo tanto, se cuestionó  la legitimidad en  la tramitación  en el Congreso del Acto Legislativo que permitió la reelección  presidencial, originalmente proscrita en la Carta de 1991.

La Corte Suprema de Justicia, para el efecto,  señaló  “la posibilidad de actos de desviación de poder cuando por medio del cohecho se consigue que uno de sus miembros apoye una iniciativa que no era de su agrado y que inclusive rechazó públicamente”. Igualmente cuestionó  “que desde las altas esferas del poder de la época se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles”.

La original y curiosa respuesta del Presidente al fallo de la Corte consiste en proponer un referendo, figura que no parece ser la  solución a lo que allí se plantea,  pues el problema no es ni la elección presidencial, ni la popularidad del primer mandatario, ni mucho menos la mayoría del Presidente que nadie cuestiona —ni se atreve a cuestionar—; lo que termina cuestionado es la forma en que se realizó la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial: la de él y la de todos los que habiendo sido presidentes aspiren a volverlo a ser. El referendo es tan solo una forma de distracción, que si se aprueba, implicaría unas nuevas elecciones con los costos que ello significaría para el país,  probablemente equivalentes al recorte del gasto público anunciado por el mismo gobierno; tampoco aparece clara la posibilidad de repetir unas elecciones pues enfrentar a quienes en ese momento eran candidatos parece imposible.

Mal ejemplo da el Presidente con estas ideas que saca del sombrero cada vez que algo no le gusta o no le sale como él quiere. En los recientes episodios ha venido desconociendo el principio de  la división de poderes atacando al Legislativo o al Jurisdiccional, según su personal descontento o incomodidad. Definitivamente  la solución a los diversos episodios de crisis en los que se sume la política colombiana no puede consistir en una desinstitucionalización promovida por el Ejecutivo pues la existencia de poderes independientes es el sustento de la democracia.

Lamentablemente este tipo de prácticas ha estado presente en América Latina pues algunos presidentes conocidos por ser autoritarios, como en el caso de Fujimori y Chávez, han tomado acciones contra alguno de los poderes llegando a tener cortes de bolsillo para asegurar sus intereses.

Uribe y su Ministro de Protección Social transitan por esta peligrosa línea al buscar desprestigiar la Corte insinuando nexos con los paras, y  han denunciado  a los magistrados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por supuestos vínculos con Giorgio Sale,  preso por narcotráfico y socio de Salvatore Mancuso.   Resulta así que cuando la delación es en contra del Gobierno es falsa pero cuando es en contra del poder judicial es cierta.

Todo indica que estamos ante una retaliación producto de la ira y del autoritarismo de un gobernante. Todos contra todos para el beneficio de uno es el ejemplo que parece desprenderse de este lamentable incidente que solo desdice de nuestro popular primer mandatario.

 

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