Por: Rodolfo Arango

Momentos constitucionales

LA REGENERACIÓN DE CARO Y NÚÑEZ a fines del siglo XIX quiso construir Nación a partir de una religión, una lengua y un poder central. La religión católica, apostólica y romana intentó desplazar a otras concepciones de mundo. El castellano como lengua oficial desconoció la riqueza lingüística de la población.

El centralismo político impuso orden a la administración en desmedro de la autonomía e identidad regional. Cien años después se gestó la Constitución de 1991, en clara antítesis a la Constitución conservadora de los gramáticos. Mediante una Asamblea Constituyente pluralista y participativa en el ocaso del siglo XX, Colombia apostó a la democratización de la sociedad, a la vigencia de los derechos humanos y fundamentales, en particular de las minorías, y a la modernización de las instituciones, con la Corte Constitucional y la acción de tutela a la cabeza. A pesar de la exitosa desmovilización de cinco agrupaciones guerrilleras, el narcotráfico y la guerrilla pusieron en jaque a la democracia deliberativa y pluralista de 1991. La apuesta por el respeto al Estado social de derecho no pudo contener la sedición, la criminalidad y la corrupción oficial, avivadas por la bonanza cocalera. La Constitución y la ley eran estorbo para varones intrépidos con el propósito de salvar por las armas a la Nación. Surgió entonces el líder carismático, portador del clamor popular que, apoyado en la doctrina contrarrevolucionaria, trocó consenso el conflicto. Al racionalismo jurídico intelectual y abstracto se opuso el pensamiento del hombre rural que lidia con problemas concretos. La representación del enemigo del pueblo permitió revivir el patriotismo y llamar a la unidad nacional, entre otros mediante el uso eficaz de la propaganda: símbolos reemplazaron los discursos; la retórica, los argumentos. En una cultura emocional y sumisa, autoritarismo y paternalismo rindieron sus frutos. El poder apaciguador del dinero mantuvo a raya a los beneficiarios de la mano dura. Ahora que afloran los costos “menores” de la pacificación del territorio, los grupos de interés se declaran ingenua o hipócritamente sorprendidos por chuzadas, persecuciones, desplazamientos, vínculos mafiosos, falsos positivos y clientelismo institucionalizado desde el Gobierno. Pero la historia con su eterno vaivén trajo de regreso el Estado de derecho que hoy brilla por encima del Estado de opinión. El pensamiento integrista y ultra conservador subestimó el arraigo de la reforma de 1991. Cual raíz vigorosa que reverdece cuando no se espera, la Carta Política del 1991 dio sus frutos gracias a la honestidad y a la solidez jurídica de sus celosos guardianes, creyentes en la fuerza civilizadora del derecho. No faltan los románticos del poder real que tilden de politiquero a un fallo que es clara expresión de constitucionalismo moderno. La sentencia que impidió la ruptura constitucional por vía tramposa participa de la fuerza legitimadora de la institucionalidad democrática. La tradición civilista y republicana del país vuelve a resplandecer sobre las vías de hecho. Y esto pese a que el contexto internacional de confrontación ideológica promete renovarle los desafíos.

 El momento constitucional de 2010 exige a los candidatos al Congreso y a la Presidencia destapar sus cartas. Les plantea un acertijo, cual oráculo de Delfos: ¿si la seguridad democrática es conquista fulgurante y ampliamente aceptada, por qué se opaca con la emergencia de salud y la crisis del empleo? ¿Qué representación política buscan los votantes? El agotamiento del discurso bélico a manos de la debacle social no parece contenerse mediante el artilugio reeleccionista ni con un escenario de guerra externa construido desde afuera.

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