Por: Cartas de los lectores

Muerte digna y vida indigna

En ediciones recientes de El Espectador hay informaciones que podrían ser calificadas como opuestas entre sí: “Muerte en la ranchería”, del 19 de abril, seguida de la decisión del Ministerio de Salud obedeciendo a un mandato de la Corte Constitucional de entregar a los colombianos un protocolo para que los pacientes afectados de enfermedades terminales puedan tener una muerte digna. Los puntos de vista sobre el segundo tema están divididos y no será cosa fácil llegar a un consenso, pues la posición de la Iglesia es férrea y los que están de acuerdo con esa decisión también creen tener la razón. 
 
El sufrimiento innecesario de un paciente terminal es cosa sobrecogedora. Los dolores de un paciente con cáncer de próstata metastásico es inenarrable. Y así hay otras enfermedades terminales, como la muerte por cáncer de páncreas. Una característica común de estos dos cánceres es la de afectar a pacientes mayores cuya recuperación con tratamientos paliativos per se está disminuida. ¿Qué razón puede haber en mantener a estos enfermos postrados y sufriendo sin ninguna razón valedera? La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, presidida por el médico Juan Mendoza Vega, a quien El Espectador entrevistó, afirma que “la eutanasia debe ser más incluyente” y que por presiones religiosas el Congreso se ha negado a regular. Como médico imagenólogo he participado en el diagnóstico de enfermos con cánceres que aquí señalo y por ello comparto plenamente la decisión del Ministerio de Salud  y el editorial de su periódico “Eutanasia, finalmente”. Muerte digna es un imperativo categórico. 
 
La muerte por hambre y por causas relacionadas es escalofriante: 24.000 seres humanos que no pueden acceder a comida mueren diariamente en el mundo. En nueve poblados de nuestra Guajira la muerte por hambre y desnutrición afecta a los niños. Los adultos de la comunidad indígena afectada dicen que ellos piden ayuda pero no pasa nada, mientras que los que podrían ayudar manifiestan que el atavismo de los adultos de la etnia afectada hace que no busquen ayuda; lo que aparece  más creíble es que los gobernantes políticos que deberían cumplir con su obligación de velar por el bienestar de la etnia wayuu no lo hacen. El último párrafo del reportaje “Muerte en la ranchería” debe ser tenido en cuenta: “La Guajira tiene 930.000 habitantes y en los últimos tres años, por concepto de regalía del Cerrejón, ha recibido US$2.100 millones. Con ese dinero, distribuido entre la población, el departamento debería parecerse a Suiza, no a lo peor de África”, Situaciones similares ocurren en otras regiones de Colombia. Es lo que titulo: “Vida indigna”.
 
 
Héctor A. Chamorro Revelo.
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