Por: Arlene B. Tickner

Muerte por migración

Durante la última semana, el naufragio de dos barcos distintos en el Mediterráneo y la muerte de alrededor de 1.100 personas tratando de llegar a Europa ha vuelto a poner el espinoso tema de la migración, así como las políticas idóneas para administrarla, en el centro del debate internacional.

Aunque una de siete personas en el mundo es migrante de algún tipo, las actitudes de rechazo ante este fenómeno son mucho más comunes que las respuestas humanitarias, incluso en el Sur global, tal y como constata la actual violencia antiinmigración en Sudáfrica.

La estrategia de asegurar las fronteras con muros, rejas y controles, generalizada entre los países del Norte, obedece a la filosofía de que aumentar el costo y el riesgo de la migración ilegal, así como la posibilidad de ser atrapada, actúa como desincentivo. Sin embargo, las cifras sugieren todo lo contrario. En Europa occidental, por ejemplo, el número de migrantes indocumentados creció 155% entre 2013 y 2014, con aumentos mucho mayores en los países principales de entrada, como Italia y Grecia. En el mismo período el ingreso ilegal de menores de edad centroamericanos a Estados Unidos se dobló. Peor aún, los costos humanos asociados con la securitización de la migración son descomunales. Los bloqueos fronterizos desvían las rutas de tránsito hacia zonas geográficas remotas e inhóspitas que no solo son más peligrosas, sino que invitan a la clandestinidad y, de la mano de ella, a un mayor involucramiento de actores ilegales. Desde los “coyotes” hasta los grupos criminales organizados actúan como intermediarios, aprovechando de paso la vulnerabilidad de quienes emigran para extorsionar, torturar, violentar (sobre todo en el caso de las mujeres y los niños) y secuestrar. En el caso de la “ruta de la muerte” entre México y Estados Unidos, se estima en unos 10.000 el número de personas secuestradas anualmente, mientras que también hay especulaciones sobre el uso de los cuerpos migrantes para el tráfico de órganos.

La consecuencia de todo lo anterior es un crecimiento preocupante en las muertes de migrantes. Pese a las dificultades de rastreo y la tendencia a subestimar el problema —por la ausencia de sistemas regionales o internacionales integrados de información, el carácter oculto de la mayoría de los flujos migratorios y el relativo desinterés de los medios de comunicación—, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima en 40.000 el número de muertos desde 2000 y en 4.077 el de 2014. En lo que va de 2015, los casos del Mediterráneo solamente ya son 30 veces mayores que en el mismo período del año pasado.

Colombia no es inmune a estas tendencias. En 2014, se triplicó la detección de migrantes indocumentados en el país, en su mayoría de origen cubano y asiático (China, Bangladés y Nepal) y en menor medida africano (Eritrea), que ingresan por Ecuador, permanecen en el país un tiempo, atraviesan el Darién hasta Panamá y continúan al norte hasta llegar a Estados Unidos, en periplos de alta peligrosidad que pueden demorar meses y costar decenas de miles de dólares.

Entre más aseguradas y militarizadas las fronteras, más contraproducentes e inhumanas las políticas migratorias, lo cual suscita la pregunta ¿es moralmente aceptable e incluso legal, exponer a sectores vulnerables de la población mundial a la muerte por migración?

 

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