Por: Claudia Morales

Muerte y pobreza en Tumaco y su vecindario

Trece personas fueron asesinadas el 27 de noviembre en Magüí Payán (Nariño), mientras disidentes de las Farc celebraban una fiesta de cumpleaños. La masacre fue confirmada el lunes por el alcalde de ese municipio.

El 5 de octubre en zona rural de Tumaco seis campesinos fueron asesinados en lo que las autoridades y medios han llamado “un confuso episodio”, que involucra como presuntos responsables a miembros de la Fuerza Pública. Han pasado 64 días y sólo sabemos que cuatro policías fueron suspendidos de sus cargos y que los disparos contra las víctimas, según una filtración del CTI, ocurrieron de abajo hacia arriba.

Como resultado del reporte de Medicina Legal, conocimos que policías y militares mintieron cuando aseguraron que, mientras hacían labores de erradicación forzada en el terreno donde mataron a los campesinos, habían sido atacados con cilindros bomba. Ah, el ministro de Defensa afirmó como gran noticia que 100 policías de Tumaco habían sido trasladados. Y todos como pendejos comprando la teoría de que sirve vender el sofá, como el dicho popular.

Entre tanto, el Gobierno nos cuenta que va divinamente el plan piloto de erradicación manual de cultivos ilícitos en esa zona del país, lo cual es una ficción si nos detenemos a pensar que eso se lleva a cabo con campesinos que no tienen más de tres hectáreas cultivadas, mientras que en el resto de Tumaco y municipios aledaños las tierras están inundadas de hoja de coca.

El 4 de marzo de este año, luego de las protestas de los campesinos en Tumaco, fue suscrito un acuerdo en el que los cultivadores se comprometieron a erradicar voluntariamente. Sin embargo, a la fecha el Gobierno no ha definido cuáles serán las actividades económicas sostenibles ni qué cultivos reemplazarán a los ilícitos.

Quiero ahora detenerme en lo que dice para esta columna la personera de Tumaco, Anny Castillo: “Llevamos 190 homicidios este año, es una cifra que no tiene precedentes. Eso es consecuencia de los grupos criminales reagrupados”. Y agrega: “A la par con el orden público nuestro problema más apremiante sigue siendo la pobreza y la falta de empleo”. Al cierre de esta columna, la cifra de homicidios que me entrega Medicina Legal es 210, de los cuales siete son líderes sociales.

Además de lo anterior, continúan las desapariciones forzadas, la violencia sexual, el reclutamiento de menores y las restricciones de la movilidad de los ciudadanos. El vicedefensor del Pueblo Jorge Calero llama la atención sobre algo que ha sido denunciado siempre: “Lo más lamentable es la vulnerabilidad social. En Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, supera el 76 %”. En promedio, según el último censo, el 35 % de la población en la zona vive en la miseria.

Son más de 15.000 personas, según la Defensoría, las que están en riesgo en esa área del Pacífico como resultado del interés por el control del narcotráfico, la minería criminal, la extracción de combustible del oleoducto Trasandino y la extorsión. Los protagonistas de la criminalidad: el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y los nuevos grupos conformados por las disidencias de las Farc.

Me hubiera gustado que el plan piloto en Tumaco hubiera empezado bien. Pero por ahora, el crimen es el que sigue estableciendo el orden social y ante eso, una derecha recalcitrante, que también ha sido por décadas responsable de la mala suerte de los habitantes del Pacífico, ha encontrado su mejor razón para aplaudir.

*Periodista.

@ClaMoralesM

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