Por: Alberto Carrasquilla

Muleta Constituyente

Para los académicos del derecho constitucional comparativo, Colombia es sumamente interesante.

Les produce asombro, por ejemplo, que nuestra Corte haya implementado, a cuenta propia, un “arreglo” al lío hipotecario de finales de los años noventa, ordenado la apropiación de recursos presupuestales para compensar las víctimas del desplazamiento forzoso, que haya dispuesto fechas concretas para la unificación del seguro de salud o que haya impuesto pisos perentorios para salarios y pensiones, entre otras muchas decisiones que en otros países se toman en las arenas espesas del toma y dame político.

La Corte tiene un nivel de favorabilidad que le envidiaría cualquier político: 65% en la última encuesta de Gallup, hecho más notable todavía si se tiene en cuenta que el sistema judicial es una de las instituciones más desprestigiadas, con apenas 33% de aprobación. Al menos tres ex magistrados, los doctores Hernández, Gaviria y Araujo, han saltado de la toga al overol, compitiendo por los cargos de elección popular más importantes del país, sin duda amparados en su activismo judicial previo. El Doctor Araujo, por ejemplo, dijo que: “Yo no llevo la vocería de los afrodescendientes por azar sino porque (…) he defendido sus derechos, por ejemplo cuando en Cartagena a unas muchachas no las dejaron entrar a una discoteca por el color de su piel y dije en la Corte que no aceptaba esas discriminaciones”.

Los logros objetivos del activismo, en cambio, son grises. La desigualdad es muy similar a la que había en 1990, bajo la Constitución de 1886. Lo mismo podemos decir sobre la pobreza, la informalidad, el desempleo, la intolerancia, la corrupción, y así para cada problema grande que queríamos resolver en el fervor de 1991.

Tenemos, pues, una interesante paradoja con tres patas: un  activismo judicial extremo, una falta absoluta de resultados atribuibles a este activismo, y una enorme popularidad para la institución responsable del activismo estéril. Una tesis util para pensar la paradoja es aportada por el profesor David Landau. El autor sugiere, primero, que el tribunal colombiano es, posiblemente, el más activo del mundo. Segundo, que Colombia tiene falencias en su sistema político, manifiestadas, por ejemplo, en la debilidad de los partidos. Tercero, que en Suráfrica el tribunal constitucional exhibió un activismo casi tan grande como el colombiano, pero se ha moderado con el afianzamiento de la institucionalidad democrática.

La conclusión es que las Cortes “se ven obligadas” a invadir el espacio legislativo cuando los países tienen instituciones incapaces de avanzar la agenda que la Constitución implica. No se pueden analizar al amparo de categorías como la “separación de poderes” porque, en estos trópicos, son inaplicables. La Corte sería la muleta que requiere un país estructuralmente cojo.

En mi opinión, lo que explica la “toma” constituyente en Colombia si es la debilidad de nuestras instituciones políticas, pero la explicación va por otro lado. La Corte no invadió el legislativo porque el legislativo sea incapaz de avanzar una agenda “acorde con la Constitución de 1991”. Casi al contrario, lo invadió porque tiene una agenda propia, yo creo que reflejando ante todo los intereses de las clases medias, formalizadas y urbanas, y una estrategia política para avanzarla. Y en ello si ha sido exitosa; a la clase media formalizada si le ha ido mejor que a los pobres. Lo malo es que el legislativo, en su debilidad, ha sido incapaz de hacer respetar el espacio que le define la misma Carta.

Las tendencias sugieren que el debate político de fondo seguirá mudándose del costado sur al costado norte de la plaza de Bolivar. La pregunta que los colombianos enfrentamos es muy clara. ¿Queremos estrenar el principio de la separación de poderes y botar la muleta a la basura, o queremos ir buscando silla de ruedas?. 

 

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