Por: Columnista invitado

Municipios verdes

En algunos países de Latinoamérica la constitución de un área protegida es un motivo de alegría para los mandatarios locales y regionales.

Esto significará una mejor capacidad para asegurar servicios ambientales estratégicos para su población (especialmente el agua). De igual manera, la posibilidad de utilizar los atractivos naturales para el desarrollo ecoturístico, y el fomento de procesos de inversión público-privada en las poblaciones y áreas de adyacencia, lo cual dinamiza y fortalece las economías locales.

Los procesos de investigación sobre usos de la biodiversidad también son fuente importante de transformación en la cultura educativa local, pues direccionan los mecanismos de formación. Existen importantes oportunidades que permiten una relación armónica entre los procesos de planificación territorial local, el desarrollo económico y la conservación como patrimonio de la nación. En síntesis, el desarrollo regional se proyecta en función de la conservación.

En Colombia aún hay un largo camino por recorrer. Los ingresos de muchos municipios dependen en gran medida del impuesto predial, el cual no se aplica a las áreas protegidas. Esto genera una percepción de que “se está restando área productiva” para el municipio (pues las restricciones a las actividades extractivas, por ejemplo, reducen la posibilidad de percibir regalías de proyectos minero-energéticos).

Adicionalmente, las zonas de influencia de los parques poseen poblaciones marginales que se han consolidado en medio del desorden de la planificación territorial, muchos de ellos como resultado de actividades extractivas o de la ampliación caótica de la frontera agropecuaria y, más recientemente, de cultivos de uso ilícito y minería informal. El resultado: zonas propicias para los grupos armados ilegales que ejercen presión territorial y económica; dura tarea para mandatarios locales con baja capacidad de maniobra.

Similar situación viven las corporaciones autónomas regionales que, en general, ven estas zonas como un problema y no como una oportunidad. Ocasionalmente, el gobierno central destina partidas significativas para la recuperación territorial y económica de estas zonas, y recientemente, en el marco de los proyectos de consolidación nacional, varios de estos municipios coinciden con un plan de inversión que podría cambiar la tendencia. En el largo plazo esta tarea deberá estar en cabeza de equipos interagenciales regionales y nacionales que sumen su capacidad operativa y financiera, y con una política de inversión que utilice el valor agregado del patrimonio natural y cultural de estas regiones.

 

* Rodrigo Botero, Consultor en medio ambiente,desarrollo y conflicto.

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