Muy mala idea

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, por una amplia mayoría, una reforma constitucional que pretende unificar los períodos de los gobiernos territoriales y nacional, ampliando los períodos de los actuales alcaldes y gobernadores hasta 2022.

Desde donde se mire, es una muy mala idea.

Con el cuento de “armonizar” los planes de desarrollo de las entidades territoriales con el nacional lo único que se logra es subordinar, aún más, los departamentos y municipios al Gobierno Nacional. Es decir, un retorno al centralismo.

Precisamente, con la separación de los períodos de los gobiernos municipales y departamentales de lo nacional, la Constitución de 1991 buscó corregir, o al menos equilibrar un poco, casi un siglo de un centralismo exagerado y asfixiante, donde los alcaldes y gobernadores eran designados desde Bogotá por un gobierno central que no hacía ni dejaba hacer. Lejos de revivir el federalismo del siglo XIX, se buscó darles unos niveles mínimos de autonomía a las entidades territoriales, algo que se ha venido construyendo y que se perdería si regresamos a la subordinación de lo territorial a lo nacional.

Igualmente grave es el efecto que la unificación de los períodos tendría en materia electoral, ya que fortalecería los nexos de dependencia de las maquinarias locales con las redes clientelares a nivel nacional, que ya existen, pero que se verían aún más consolidados y que tienen nombres propios: Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal y Partido Conservador.

Por ello, no deja de ser una curiosidad que la mayoría de los representantes que votaron a favor de la reforma pertenecen a esos mismos partidos, que, además, serían los más favorecidos al prolongar los mandatarios actuales: Peñalosa en Bogotá (Cambio Radical), Luis Pérez en Antioquia (Partido Liberal), Dilian Francisca Toro en el Valle (Partido de la U), para solo mencionar los más significativos.

Pero no es sólo la concepción centralista y la práctica clientelista lo que los une: comparten un miedo, por no decir pánico, a una oposición en crescendo y sienten pasos de animal grande. Las últimas elecciones territoriales fueron en 2015 y correspondieron a un mapa político muy diferente al que se reflejó en las elecciones nacionales de este año.

En las parlamentarias de marzo, se eligió la bancada de oposición más grande de la historia desde 1947. En la primera vuelta de mayo, los tres candidatos progresistas sumados lograron el 51% de la votación. En la segunda vuelta de junio, Petro sacó ocho millones de votos, tres veces más que el récord de Carlos Gaviria en 2006 para un candidato de izquierda. Y en la consulta anticorrupción de octubre, aunque la votación no logró el umbral, superó los 11 millones, más votos de los que sacó Duque.

Entre más tiempo y distancia se logre poner entre este ciclo electoral y las próximas elecciones territoriales, pensarían ellos, más posibilidad tendrían para intentar reducir el riesgo de que se reproduzcan o hasta se profundicen las tendencias manifiestas en 2018.

Prolongar los períodos es además un adefesio constitucional, que constituye un desconocimiento descarado de la soberanía popular que mediante el voto les dio el mandato a los actuales mandatarios para ejercer sus respectivos cargos por un período de cuatro años, es decir, que el 1º de enero de 2020 dejan de tener vigencia.

Pero, sin duda, los más perjudicados de toda Colombia seríamos los bogotanos que tendríamos que padecer cuatro años más de Peñalosa, después de ya haberlo sufrido tres que parecen una eternidad.

Muy, pero muy mala idea.

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.

danielgarciapena@hotmail.com

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